Unos 200 kilómetros separan Cuenca de Valencia. Otros 143 kilómetros hay entre Cuenca y Albacete. Son los recorridos que tienen que hacer las mujeres conquenses si quieren abortar, porque no tienen otra alternativa. Los mismo ocurre con las toledanas y las mujeres de Guadalajara, porque no hay clínicas o servicios en ninguna de las tres provincias que practiquen interrupciones voluntarias del embarazo. Una realidad que sigue vigente, a pesar de que el derecho al aborto tiene rango de ley desde hace ya más de diez años.
Y es que, las castellanomanchegas solo pueden abortar en dos centros: la clínica Iris (Albacete capital) y la clínica CIRE (Miguelturra, Ciudad Real), ambas concertadas. El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) no realiza ninguna de las técnicas para la interrupción del embarazo y que, según fuentes de la Consejería de Sanidad, existe una objeción de conciencia generalizada entre todos los profesionales del sistema público de la región.
Es una “objeción de conciencia en la totalidad de los servicios implicados”, es decir, que incluso los celadores que deberían llevar a las mujeres a realizar los abortos han firmado dicha objeción. El documento se rige por una Resolución de la Consejería de Sanidad de 2010, aprobada poco después de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
Sin embargo, la legislación nacional dice “que la objeción de conciencia debe ser individualizada y no permite que objete un servicio completo”, explica en declaraciones a este diario Francisca García Gallego, presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) a la que pertenecen las dos clínicas castellanomanchegas que practican abortos. “Hablamos de una prestación contemplada en el Sistema Nacional de Salud, es decir, una prestación que es un derecho de las mujeres… No debería ser posible escudarse en la objeción para no hacer una prestación sanitaria que es un derecho. Eso es incumplir la Ley”.
Desde el SESCAM señalan, eso sí, que en el desarrollo de todo el proceso asistencial las pacientes reciben “toda la información pertinente” por parte de los profesionales para luego ser derivadas a la clínica privada que eligen “libre y voluntariamente”. “Es voluntad de las mujeres, de manera sistemática y generalizada, priorizar los motivos de privacidad y anonimato y es por ello por lo que deciden realizarse la técnica en esas clínicas”, explican fuentes del servicio. En 2019, un total de 746 mujeres abortaron en la clínica CIRE de Miguelturra (Ciudad Real), y otras 593, lo hicieron en la clínica Iris de Albacete.
Desde la Consejería de Sanidad aseguran que el servicio está asegurado para que cualquier mujer puede ejercer su derecho al aborto, reconocido en la Ley 2/2010. Sin embargo, el traslado, el coste y el tiempo que requiere la elección de interrumpir un embarazo, no es el mismo para una mujer que reside en Alcázar (Ciudad Real) que en Yunquera (Guadalajara).
“Si no hay profesionales en el sistema de salud es porque no se han creado servicios” añade García, quien explica que “la Ley de 2010 dice que el servicio se puede hacer de forma directa o concertada. Es la propia administración sanitaria la que tendría que promover clínicas, centros o unidades especializadas en los mismos hospitales para practicar la interrupción voluntaria del embarazo desde todas las técnicas”.
García muestra su sorpresa ante las declaraciones de la Consejería regional ya que “el Sistema de Salud no puede escudarse en que no hay médicos. Si no los hay, que los contraten. Escudarse en eso no exime de la responsabilidad de ofertar el servicio de interrupción voluntaria del embarazo, porque estarían incumpliendo la Ley”. Tal y como afirma la presidenta de este colectivo, no ofertar el servicio no solamente “no garantiza el derecho de las mujeres al aborto” si no que además “estigmatiza esta práctica sanitaria”.
Y es que según esta Ley de Salud Sexual y Reproductiva, “la objeción no justifica que no haya esta prestación sanitaria” por lo que se obliga “a que se respeten y se garanticen ambos derechos: el de la objeción de conciencia y el de la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo”.
Pero, ¿en qué consiste esa “objeción de conciencia”?
Tras 11 años desde la legalización del aborto, ACAI lo tiene claro: “actualmente, más que por ética, se acude a la objeción de conciencia porque hacer abortos no suma, si no que resta en el currículum profesional”.
Fuentes de la asociación explican que “no nos encontramos ante una objeción moral sino que, en general, es profesional en el sentido de que no practican abortos porque no suma en su carrera profesional. Es una inercia que se ha generalizado porque el aborto está estigmatizado, no porque tengan unas objeciones morales”.
La escasez de profesionales y de clínicas responden a un efecto dominó con diferentes causas. Por un lado, la falta de formación sobre las distintas técnicas para la interrupción del embarazo en las carreras de Medicina o Enfermería. “No se enseña a los estudiantes a practicar las técnicas de IVE, formación que la Ley exige pero que no se lleva a la práctica. Así los abortos no se normalizan como parte del oficio y redundan en el estigma del profesional”.
Fuentes de ACAI añaden que “nos encontramos ante una falta de relevo de especialistas que pone en riesgo el futuro de los derechos reproductivos en España. Hay que tener en cuenta las jubilaciones de los profesionales que defendieron el derecho”.
Además de ser un impedimento para el derecho al aborto de las mujeres castellanomanchegas, las objeciones de conciencia “son conductas que influyen en que el aborto siga estando estigmatizado”.
“El acoso ocurre en muchos centros sanitarios y lo que hace es aumentar el sufrimiento de las mujeres y de los propios profesionales”
“¿Quién quiere trabajar en un ámbito laboral en el que se permite que grupos de acosadores hostiguen a profesionales y pacientes?” se preguntan en ACAI ante las manifestaciones de grupos antiabortistas a las puertas de sus clínicas, incluidas las de Albacete y Miguelturra. “El acoso ocurre en muchos centros sanitarios y lo que hace es aumentar el sufrimiento de las mujeres y de los propios profesionales”.
Las acciones contra usuarias y personal también “suma al estigma”. “Si la interrupción voluntaria del embarazo es una decisión muchas veces complicada, que llegues a un centro sanitario y seas insultada y acosada, te hace sentir peor y sufrir más en el proceso”, afirma la presidenta de ACAI quien como profesional ha sufrido este acoso en varias ocasiones de su carrera.
“La Ley dice que la mujer tiene derecho a decidir sobre su maternidad y ese derecho tiene que ser respetado por lo que no se entiende que en los centros se produzca este hostigamiento”, añade García. “Las autoridades lo justifican porque dicen que hay que garantizar el derecho de expresión pero también hay que proteger el de interrumpir un embarazo que una no desea. Que expresen su opinión en entornos donde no se practique el IVE”.
Para controlar esta situación se deben poner en práctica, según ACAI, “los circuitos de seguridad alrededor de los centros y, a largo plazo, se podría imitar la Ley francesa que impide estas actuaciones de los grupos antiderechos”.
Tal y como recuerdan desde ACAI, la creación de estas zonas seguras libres de la violencia que ejercen los grupos antiderechos forma parte del acuerdo del Gobierno de coalición “pero ahí sigue sin hacerse”.
Las protestas y el hostigamientos de los grupos antiabortistas han sido objeto de contra manifestaciones por parte de colectivos feministas tanto de Albacete como de Miguelturra.
“Son derechos que parece que están ya conquistados, pero que en realidad no lo son”
Desde la asociación feminista de la localidad ciudadrealeña, Hipatia, cuentan que el acoso a la clínica, situada en un adosado de una urbanización, solía ser sistematizado y por parte de un grupo antiabortista vinculado a la Sociedad de San Vicente de Paúl.
“Nos hemos puesto en contacto con la clínica para que contaran con nosotras para cualquier cosa”, aseguran. ”No sólo es un acoso a las personas que se realizan las interrupciones voluntarias de embarazo, sino a las propias trabajadoras”, lamenta Alicia López, del colectivo. Además, señala que el grupo ultracatólico “propone ayudas para cuando nazcan los menores” pero recuerda que no nos encontramos ante un problema económico, “sino de una libertad de conciencia”.
En este sentido, desde ACAI coinciden. “Yo lo he vivido en determinadas circunstancias, y lo que te hace es pasarlo mal porque ves las consecuencias que tienen sobre nosotros y sobre las propias mujeres… que te insulten, que te llamen asesinas, que te enseñen imágenes que no son acordes con la realidad, que critiquen lo que estás haciendo… emocionalmente afecta, tanto a ellas como a los profesionales”, relata su presidenta.
Desde Hipatia lamentan que “son derechos que parece que están ya conquistados, pero que en realidad no lo son”. “Se supone que son servicios públicos, pero no están disponibles. Es como si un médico pudiese objetar poner una vacuna. No entendemos por qué se permite, los derechos de la mujer son así relativos y dependen del médico que quiera o no practicarlo”, afirma López. “Verdaderamente el tema viene de permitir a los médicos objetar esto. Recordemos que antes había médicos que apoyaban algo que todavía era ilegal, la eutanasia, y aquí hay médicos que se niegan a hacer algo legal”.
Además, añade que se debe tener en cuenta la cuestión económica que supone para las mujeres. “Vemos como en Sudamérica se aprueba el aborto y nos sentimos orgullosas de haber conquistado este derecho, pero no es tan así, porque no podemos abortar en la sanidad pública y cuando nos derivan a la privada, tenemos que aguantar a personas que te dicen que estás asesinando a tu hijo”, lamenta López.
Desde la Plataforma Feminista de Guadalajara reflexionan que la situación “tiene que ver tal vez con que somos ciudadanas de segunda y nuestras necesidades no son prioritarias”. Además, recalcan que el derecho de objeción de conciencia “no puede extenderse a los equipos directivos”. “Un servicio público tiene que garantizar el derecho al aborto y esto no es obligando a las mujeres a desplazarse desde sus hogares. Debe resolverlo el servicio público. Es algo demencial que no se practiquen en la sanidad pública”.
Tal y como recuerdan desde ACAI “los que gobiernan están obligados a garantizar el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo como cualquier otra prestación sanitaria.”
Los colegios médicos “defienden y protegen la profesión”
Esta redacción ha consultado la postura al respecto del Colegio Oficial de Médicos tanto de Toledo como de Cuenca. Ambas instituciones han señalado que no tienen opinión al respecto, pero insisten en que los procedimientos se realizan a quienes lo requieran, aunque sea en la sanidad privada. Los profesionales conquenses explican que las interrupciones voluntarias del embarazo “dependen de la existencia de médicos dispuestos a hacerlo, y de instalaciones donde se pueda hacer, manteniendo una buena seguridad del paciente”.
“La objeción de conciencia es un hecho personal y está recogido por nuestra constitución. Entra dentro de las creencias personales de cada persona, entre ellos los médicos, y dentro de su intimidad y protección de datos. No tiene, por tanto, que constar en el colegio que se pueda ser objetor o no. La postura del colegio es defender y proteger nuestra profesión y a nuestros colegiados”, concluyen desde el Colegio Oficial conquense, que no menciona la situación de las posibles pacientes que requieran o deseen realizarse una intervención que desde 2010 es un derecho reconocido por Ley.
La aplicación “real” de la Ley, la solución para las castellanomanchegas
La presidenta de ACAI recuerda que la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva ha permitido que “hoy más de 100 mil mujeres aborten con seguridad jurídica y sanitaria, en centros seguros y de calidad, con profesionales y respetándose su decisión”.
Sin embargo, las mujeres no pueden reclamar su derecho a abortar de una forma plena porque no se han implantado todos los aspectos de la Ley. “Hay que avanzar e implantar todos sus aspectos” afirma García quien señala que “la Ley recoge que para que haya futuro en la prestación se tienen que formar a los profesionales en esta práctica sanitaria incluyéndola como asignatura obligatoria en las carreras de Medicina y Enfermería”.
Y es que, para la mejora de la accesibilidad a los centros y la calidad del servicio, “el futuro está en la formación de los profesionales y al mismo tiempo en la mejora del estigma a través de la sensibilización”, un aspecto fundamental de la legislación española. “Tiene una parte de prevención que es muy importante ya que incluye la educación en materia de salud sexual y reproductiva para prevenir el embarazo no deseado, que es lo que deberíamos evitar en todo momento”.