Nohemí Medina Martínez y Tania Montes Hernández fueron brutalmente asesinadas, el motivo oficial se desconoce por el momento aunque las sospechas de que pueda tratarse de un crimen de odio ha alzado las voces de la gente de Ciudad Juárez, una población obligada a convivir a diario con los feminicidios.
Tania se hacía llamar Yulizsa Ramírez en redes sociales, ella y Nohemí se casaron el pasado mes de julio y tenían 3 hijos. Vivían en Ciudad Juárez cerca de la frontera desde El Paso y viajaban constantemente a Estados Unidos donde tenían familia.
El pasado domingo sus cuerpos se encontraron desmembrados en bolsas de basura tiradas en una peligrosa carretera de Chihuahua. El Estado es el segundo con mayor número de crímenes de odio contra la población LGTB+ de todo México, sin embargo el asesinato de Yulizsa y Nohemí no se está tratando como tal, según la procuraduría de justicia.
«En este caso, las líneas de investigación están vinculadas a la actividad económica que realizaban ambas víctimas y con las personas con las que se relacionaban en ese entorno», dijo Roberto Javier Fierro Duarte, fiscal general de Chihuahua. Preguntado sobre si esa «actividad económica» podía estar relacionada con el crimen organizado Oscar Martínez, el vocero, dijo que no estaba autorizado a dar más detalles.
El Comité de Chihuahua para la Diversidad Sexual ha publicado otro comunicado en el que «exige» que se esclarezcan los feminicidios de Nohemí Medina Martínez y Yulizsa Ramírez.
La gobernadora del estado de Chihuahua, Maru Campos, aseguró el lunes que el crimen «no quedará impune».
La Segob, a través del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), exhortó a las autoridades estatales y locales de Chihuahua a que «investiguen y sancionen» los asesinatos. Además, pidió que «refuercen las políticas públicas para combatir la lesbofobia y otras fobias que enfrentan las personas de la diversidad sexual», según un comunicado.
La Segob también urgió a que se aplique el Protocolo Nacional de Actuación para el Personal de Instancias de Procuración de Justicia del País en casos que involucren orientación sexual o identidad de género.
«La población de la diversidad sexual es cuestionada incluso en su existencia desde el discurso de la heteronormatividad cuando tienen el derecho a una vida libre de violencia en la que ejerzan todos sus derechos, además de vivir sin miedo ni temor al rechazo y las agresiones que lamentablemente escalan hasta el crimen de odio», indicó la institución.