El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) prevé votar el acuerdo cerrado tras intensas negociaciones para los seis nombramientos del Tribunal Supremo. El CGPJ, en funciones desde diciembre de 2018, alcanzó el acuerdo pese a las presiones, sugerencias y advertencias externas como la del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que abogaba por paralizar los nombramientos o aquellas de Unidas Podemos que avisaba que existen «vías legales» para impedir esta «maniobra».
Ninguna ha disuadido a los vocales, quienes alcanzaron un acuerdo para los seis nombramientos que corresponden al Supremo, tres para presidencias de sala y otras tres para la Sala de lo Penal, que es la que revisa las causas de corrupción. Fuentes jurídicas han informado de que previsiblemente la presidencia de la Sala de lo Social del Supremo será para María Luisa Segoviano; la de lo Contencioso para César Tolosa en detrimento de Pilar Teso y Eduardo Calvo; mientras que para la Sala de lo Militar el elegido será Jacobo Barja de Quiroga y no Julián Sánchez Melgar.
Los magistrados que juzgarán a los políticos
En cuanto a la provisión de las tres plazas en la sala de lo penal del Supremo, una será para Javier Hernández, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, quien aparecía de favorito en todas las apuestas; y otra para el magistrado del juicio de Gürtel Ángel Hurtado que se habría impuesto a los partidarios de la presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Concepción Espejel. La tercera, que las fuentes consideraban la más abierta de todas, apunta a Leopoldo Puente, magistrado de la Audiencia de Madrid. Según las fuentes, el acuerdo se habría alcanzado a partir de dos ternas, una con los tres nombres para las presidencias de Sala y otra con los tres propuestos para la sala segunda del alto tribunal.
Nombramientos ante una negociación política que no llega
Fuentes próximas al Consejo ya habían adelantado la importancia de que los nombramientos fueran, al menos, «respaldados por una amplia mayoría», porque la unanimidad se antojaba complicada. Y lo han hecho convencidos de que debían «cumplir con sus obligaciones» y esta pasaba por retomar los nombramientos tras dos aplazamientos acordados en enero y julio, para dar aire a una negociación política que parece que nunca llega. Porque la opinión mayoritaria es que tras el enésimo bloqueo político y el escepticismo reinante sobre una solución a corto y medio plazo, la carrera judicial tiene que continuar. Además, el pleno votará la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y las de la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga, la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y la Audiencia Provincial de Ourense. Fuentes jurídicas recuerdan que dichos nombramientos solo pueden ser recurridos por los candidatos que no resulten elegidos y las asociaciones judiciales, pero no por partidos ni grupos parlamentarios. La fórmula es a través de un recurso de reposición ante el Pleno del CGPJ y, una vez conocida su decisión, cabe interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Supremo.