La mayor parte de las autonomías han aprobado desde el fin del estado de alarma en junio pasado decretos para sancionar los incumplimientos de las normas que quieren evitar la expansión del coronavirus y que han servido para generalizar el uso de mascarillas, pero no han tenido el mismo efecto para frenar los botellones.
Las sanciones mantienen, en general, unas cantidades muy similares en las diversas comunidades, que oscilan entre los 100 euros por no llevar la mascarilla, una falta que se considera leve, hasta los 600.000 las más graves por no cumplir los horarios de cierre de los establecimientos u organizar fiestas privadas o botellones.
La falta de disciplina más común que ha sido sancionada es no llevar la mascarilla, según se desprende de los datos facilitados por diferentes administraciones regionales y locales, aunque en muchos territorios esta norma se va cumpliendo cada vez más, especialmente desde que los contagios se han ido incrementando.
Los datos de los cientos de sanciones impuestas hasta ahora se refieren, básicamente, al uso de la mascarilla o la celebración de actos multitudinarios, aunque es previsible que en las próximas semanas se extiendan al incumplimiento de las cuarentenas y aislamientos de personas contagiadas, según las fuentes consultadas.
Más de 10.000 denuncias en Andalucía y Madrid
En Andalucía, el régimen sancionador está recogido en el decreto 21/2020 de 4 de agosto, y clasifica los incumplimientos en leves, graves y muy graves, con multas que van de los 100 euros hasta los 3.000 euros si se pone en riesgo a 15 personas.
Se han registrado un total de 10.426 denuncias a los ciudadanos, según datos facilitados por la Junta, la mayoría por no usar mascarilla, de las que 7.302 han correspondido a las policías locales, y el resto a la Guardia Civil, Policía Nacional y la Policía adscrita a la comunidad autónoma, y 23 a la Inspección Sanitaria.
En la Comunidad de Madrid solo se permiten reuniones privadas y públicas de un máximo 6 personas, después de haberlas limitado a 10 personas el pasado 4 de septiembre, cuando también se pusieron en marcha otras como la de limitación de aforos del 75 al 60 % en celebraciones, banquetes y lugares de culto.
Hasta el 15 de septiembre ha habido más de 11.000 propuestas de sanción en la ciudad de Madrid por no cumplir con esta obligación, según han informado a Efe fuentes municipales.
Cataluña, la comunidad más sancionadora
En Cataluña, el decreto-ley aprobado en julio pasado contempla tres tipos de infracciones, leves, graves y muy graves, que pueden ir desde los 100 euros por no llevar la mascarilla a los 600.000 euros, que pueden imponer la administración de la Generalitat y los ayuntamientos, en el ámbito de sus competencias.
Las policías catalanas han interpuesto un total de 140.000 sanciones desde el inicio del estado de alarma, de las que unas 50.000 se han tramitado como multas, casi todas por incumplimiento de las normas sanitarias, marcando así el récord entre las CCAA que han ofrecido datos.
En Baleares, con un régimen de sanciones similar al catalán, se prevé también la creación de «unidades operativas anti-covid-19» formadas por inspectores de las distintas administraciones y policías, unos equipos de intervención conjunta que han hecho desde el 10 de julio 605 inspecciones, sobre todo en locales de ocio (también en algún hotel y comercio) y han levantado 409 actas con propuestas de sanción.
La Conselleria de Administraciones Públicas está tramitando en total 1.129 actas de infracción en los 67 municipios de Baleares.
El problema del botellón, por Comunidades
En Oviedo (Asturias), se interponen una media de entre 7 y 10 multas diarias por no llevar mascarilla, y en las últimas semanas ha aumentado las relacionadas con la organización de botellones, las fiestas privadas y en locales de ocio, una situación similar a la de Gijón, donde se multa con 6.011 euros por exceder el aforo de los locales y con entre 150 y 200 por celebrar un botellón.
En Castilla y León, se aprobó en julio un régimen sancionador con multas que oscilan entre los cien euros, en caso de infracciones leves -no llevar la mascarilla-, y los 600.000 en los muy graves, referidos a los incumplimientos que puedan suponer contagios de más de 150 personas.
Uno de los debates que ha enfrentado a gobierno y oposición en Castilla y León en las últimas semanas ha sido el cierre, por motivos sanitarios, de los prostíbulos en la Comunidad, cuya existencia negó el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, aunque existen unos 250 locales de copas, restaurantes y hoteles.
En Castilla-La Mancha está en tramitación una ley en la que se recogerán las multas que conllevará el incumplimiento de las medidas sanitarias para combatir la COVID-19, y que van desde los cien euros hasta los 600.000 euros.
En el caso de los ayuntamientos manchegos, no hay normativas específicas, si bien los policías locales sí sancionan por no llevar la mascarilla o hacer botellón en la calle. Para lo segundo, se atienen a las ordenanzas que ya había antes de la pandemia para el consumo de alcohol en la calle.
Es el caso de Albacete, donde durante los diez días que duró la «no feria» -que se suele celebrar del 7 al 17 de septiembre- la Policía Local interpuso 420 sanciones por incumplir la normativa sanitaria.
Del total de sanciones, 251 fueron por no hacer uso de la mascarilla en la vía pública, 141 por fumar en lugares no permitidos o sin observar la debida distancia y 20 se interpusieron a establecimientos, sobre todo por motivos relacionados con no guardar la distancia entre sus mesas o en la barra o permitir bailar a sus clientes en el interior del local.
También se pusieron 74 denuncias por hacer botellón que en aplicación de la Ordenanza Cívica Municipal se puede sancionar con multas que van desde los 120 a los 1.500 euros.
En el País Vasco se han interpuesto 10.361 denuncias por incumplir las medidas preventivas ante la COVID, lo que suponen unas 115 multas al día, y la mayoría, unas 8.500, están relacionadas con no llevar puesta la mascarilla o hacerlo de forma indebida.
Las «no fiestas» y los botellones, con 1.020 denuncias, han creado alarma social y han motivado actuaciones policiales como la ocurrida en Mundaka (Bizkaia), que terminó con incidentes cuando la Ertzaintza disolvió a unos cuarenta jóvenes que estaban bebiendo e incumpliendo las medidas de seguridad.
En la Comunidad Valenciana, el concejal de Protección Ciudadana de Valencia, Aarón Cano, ha informado de que desde el pasado mes de julio hasta mediados de este mes de septiembre la Policía Local ha puesto más de 6.000 denuncias por no llevar mascarilla.
Fuentes policiales han detallado que durante la semana del 7 al 13 de septiembre, que coincidió con el inicio del curso escolar en esta comunidad, los agentes multaron a 834 personas.