El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Fernando Valdés, investigado por el Tribunal Supremo por un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar contra su mujer, se encuentra de baja médica e ingresado en un hospital desde hace varios días.
Una situación de la que ha dado cuenta el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, al resto de magistrados en el pleno que ha comenzado este martes y que se desarrollará hasta el próximo jueves, según informa el TC en un comunicado.
Según precisan a Efe fuentes jurídicas, González Rivas ha mantenido conversaciones constantes con el magistrado desde que el pasado 11 de agosto fuese detenido en su domicilio de la localidad madrileña de Majadahonda por un episodio de presunta violencia machista.
La semana pasada, añaden las fuentes, Valdés, de 75 años, comunicó a González Rivas la necesidad de solicitar la baja médica y dejar temporalmente sus funciones en el tribunal debido a su ingreso hospitalario.
El presidente del TC ha comunicado esta situación al resto de magistrados del tribunal, al igual que les ha informado del oficio remitido por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en el que se acuerda investigar a Valdés y nombrar como instructor del caso al magistrado Andrés Martínez Arrieta. El Supremo considera que existen indicios de la presunta comisión de un delito del artículo 153.1 del Código Penal.
Este tipo penal castiga con una pena de prisión de 6 meses a un año o de trabajos a la comunidad a quien «por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico» o una lesión, o «golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia». Una pena que se elevaría si el presunto delito tiene lugar en el domicilio común.
El Tribunal Supremo tomó esta decisión tras recibir un informe de la Fiscalía en el que apoyaba investigar a Valdés y después de que el juzgado de instrucción número 7 de Majadahonda (Madrid), sobre el que recayó el caso en un principio, elevase una exposición razonada al alto tribunal dada la condición de aforado del magistrado.
Enmarcado en el sector progresista del tribunal, es uno de los cuatro magistrados cuyo puesto está pendiente de renovación tras concluir su mandato hace diez meses.