En el texto aprobado por unanimidad de los 33 diputados regionales, las Cortes recogen que el centro penitenciario se constituye como un núcleo urbano autosuficiente donde desarrollan su labor multitud de profesionales que están distribuidos en grupos de diferentes áreas de trabajo como intervención, sanitaria, servicios y mantenimiento.
Las Cortes de Castilla-La Mancha han acordado este jueves, en la sesión plenaria, solicitar al Gobierno de España la adopción de medidas urgentes con el fin de frenar la despoblación para la provincia de Cuenca, entre las que reclama la ubicación del Centro de Estudios Penitenciarios en su capital.
En la declaración institucional a la que ha dado lectura el secretario primero de la Mesa de la Cortes, Ángel Tomás Godoy, el Parlamento autonómico requiere también el compromiso del Ejecutivo de Castilla-La Mancha para la defensa y apoyo a esta petición en beneficio de la ciudad de Cuenca, así como que haga de interlocutor válido si fuera preciso para la consecución de la medida solicitada.
Asimismo, dicha declaración institucional será trasladada a todos los parlamentarios en el Congreso de los Diputados y el Senado, para solicitar así su apoyo en defensa de la ubicación del Centro de Estudios Penitenciarios en la ciudad de Cuenca.
En el texto aprobado por unanimidad de los 33 diputados regionales, las Cortes recogen que el centro penitenciario se constituye como un núcleo urbano autosuficiente donde desarrollan su labor multitud de profesionales que están distribuidos en grupos de diferentes áreas de trabajo como intervención, sanitaria, servicios y mantenimiento.
De igual forma, el Parlamento autonómico destaca la figura de los empleados públicos que trabajan en los establecimientos penitenciarios como «motor de la modernización y humanización del sistema penitenciario aportando vocación, dedicación, esfuerzo y profesionalidad».
La declaración institucional señala que el objeto del centro de estudios debe ser la planificación y gestión de la formación de todo el personal de las Instituciones Penitenciarias, y proporcionar para ello una formación de calidad que dé respuesta a las necesidades que conlleva la evolución de la carrera profesional de los empleados públicos penitenciarios.
A pesar de que está previsto que la sede del Centro de Estudios Penitenciarios esté en la Comunidad de Madrid, las Cortes castellano-manchegas entienden que se hace necesaria una descentralización de funciones que permiten y avalan que el lugar idóneo para su nueva ubicación sea replanteada para «crear oportunidades donde no existen».
En este sentido, ha resaltado que entre las medidas que contempla el Gobierno central para frenar la despoblación está la de descentralización de los organismos y su traslado fuera de las grandes urbes, y en este marco es donde las Cortes regionales indican que Cuenca sería una ubicación «adecuada» porque se encuentra en el centro del territorio nacional y en una comunidad autónoma en la que no hay ninguna «macro-prisión», por lo que contribuiría al modelo de descentralización y al freno a la despoblación.