Por otra parte, el PP insiste en la necesidad de que nuestra comunidad lidere una Ley nacional para combatir la ocupación ilegal de viviendas.
El PP de Castilla-La Mancha ha instado este martes al Gobierno regional que preside Emiliano García-Page a rebajar el porcentaje de la escala autonómica del IRPF y a tomar medidas de reducción de la base imponible como ha planteado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En una rueda de prensa telemática, la senadora ‘popular’ Pilar Alía ha aplaudido la rebaja fiscal anunciada por la presidenta de la comunidad vecina y ha propuesto al Ejecutivo castellano-manchego medidas como incentivar la compra de viviendas por parte de los jóvenes en las zonas despobladas.
Asimismo, ha pedido la reducción del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y, sobre todo, rebajar la presión fiscal a profesionales, pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos.
Por otro lado, Alía ha celebrado que los alcaldes del PP hayan «forzado» que se tumbe el Real Decreto del Gobierno de España para la «usurpación de remanentes de los ayuntamientos» y ha considerado que la suspensión de la regla de gasto anunciada para 2020 debería prolongarse en 2021 dado que la evolución de la crisis del coronavirus puede provocar que se acentúe la crisis económica, ha advertido.
En este sentido, ha indicado que los ayuntamientos han triplicado el período de pago a proveedores y ha acusado al presidente regional, Emiliano García-Page, no solo de no haber querido que se tumbara este decreto sino de «propiciar que se esquilmaran los remanentes de los ayuntamientos y el dinero de todos los vecinos».
En otro orden de asuntos, la senadora del PP se ha referido a la ocupación ilegal de viviendas como un «problema creciente» en la comunidad autónoma, sobre todo en las provincias de Toledo y Guadalajara.
A este respecto, ha subrayado que «se hace necesario tomar medidas» y, por ello, ha recordado que el líder regional de los ‘populares’ propuso la semana pasada a García-Page que Castilla-La Mancha liderase la elaboración de una ley nacional para combatir este fenómeno, al tiempo que ha lamentado que en el pleno del pasado jueves «hubo algunas personas que se colgaron medallas considerando que ellos habían iniciado el desarrollo de estas medidas».
Según Alía, esta ley debe ser consensuada con el resto de partidos pero también con la Abogacía, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Local, así como «es necesario dejar que la sociedad civil participe», ha opinado.
Además, ha indicado que la nueva ley debería tener como puntos centrales la prohibición de empadronamiento a los ‘okupas’, la recuperación del delito de usurpación y que el desalojo pueda llevarse a cabo en un máximo de 48 horas.
«En ningún caso desde el PP buscamos perjudicar a las personas en situación de vulnerabilidad», ha sentenciado.