La pandemia por el coronavirus dibuja en España un verano diferente. Nuevo. Extraño. La playa, epicentro de la época estival, conjuga descanso, placer, prevención y control.
El Gobierno ha descargado en los ayuntamientos la responsabilidad de imponer limitaciones tanto de acceso como de aforo «a fin de asegurar que se respeta la distancia interpersonal». Pero muchas localidades manifiestan su imposibilidad para cumplir, por falta de recursos económicos y humanos y ante la extensión de litoral bajo su autoridad. Algunos pueblos cifran entre 150.000 y 200.000 euros el coste de implantar estas medidas. Una cantidad, anticipan, inasumible.
Las imágenes de los últimos días, con playas abarrotadas por el buen tiempo, ponen de relieve el problema. «Con la irrupción del coronavirus, nuestro Ayuntamiento no tiene la capacidad económica para dar respuesta a las nuevas necesidades que habrá que poner en marcha en las playas», explica a este diario Enrique Riestra Rozas, alcalde de Llanes (Asturias). Un municipio que se encuentra entre los que cuenta con mayor número de arenales de España, con 40 playas.
El Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa, en Pontevedra, que abrió recientemente sus playas, asume que carece «de los medios para el monitoreo constante de las arenas» y ya anticipó que el trabajo que se llevará a cabo «será principalmente informativo, a través de carteles y la presencia ocasional de Protección Civil y Policía Local».
«Nosotros estamos dispuestos a colaborar en todo lo que podamos para garantizar la seguridad, pero no disponemos de recursos suficientes. Son urgencias nuevas y demandamos tanto al Estado como a la Comunidad apoyo y respuesta para un grave problema que va más allá de la capacidad de gestión de una administración local», reflexiona Riestra Rozas. «Necesitamos cobertura del Gobierno y del Principado de Asturias para ordenar los accesos y controlar los aforos…».
La problemática es, sobre todo, para las localidades más pequeñas. Gobierno y Autonomías creen que la competencia en municipal. Se amparan en la Ley de Costas, que en su artículo 115 establece que las competencias municipales abarcan el mantenimiento de las playas, así como la vigilancia de la observancia de las normas e instrucciones dictadas por la Administración. Sin embargo, muchos municipios piden revisar o clarificar las competencias, al no considerar que sea una responsabilidad local. También se quejan de lo cambiante de la legislación.
La Federación Asturiana de Concejos (FACC) reunió esta semana a los municipios costeros para abordar el problema. Entre otros asuntos, acordaron una línea de trabajo para reclamar a los Gobiernos central y regional un fondo extraordinario para afrontar los gastos que generen los arenales. También pide la cooperación técnica de la Comunidad para establecer y gestionar el operativo, así como la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para su control.
«Será un verano diferente al que estamos acostumbrados, tendremos que aprender a convivir con limitaciones de aforo para asegurar la distancia y evitar aglomeraciones», apunta Gaspar Miras, alcalde de Mazarrón (Murcia). Como muchos alcaldes, afronta un importante sobreesfuerzo económico para mantener el atractivo turístico y la reactivación económica.
«Para vigilar el cumplimiento de estas medidas y que no se sobrepase el aforo tenemos previsto contratar personal de control e informadores. Todo ello, junto al incremento de la limpieza y las medidas de información, supone hacer frente a un gasto muy importante, con el fin de garantizar que Mazarrón sea un destino seguro», asegura Miras.
En Rota (Cádiz), por ejemplo, su Ayuntamiento señaló «la imperiosa necesidad de que la Junta de Andalucía ayude a los municipios costeros como el de Rota, que no sólo tiene que asumir unas competencias de seguridad sanitarias excepcionales para poder abrir sus playas, sino que también tendrá que soportar el importante esfuerzo y sobrecoste que va a tener la puesta en marcha y control de las medidas de seguridad sanitarias».
En este sentido, la Junta de Andalucía anunció hace unos días que destinará 24 millones a la contratación de 3.000 auxiliares de control de playas. El salario que percibirán rondará los 1.900 euros netos mensuales y realizarán labores de información del control de acceso y aforo de las playas.
Desde el Ayuntamiento de Denia (Alicante) reconocen que las tareas de vigilancia y control «se hacen más complicadas por la cantidad de espacio a cubrir -26 accesos principales a las playas-». Las de vigilancia y socorrismo estarán cubiertas por un total de 62 socorristas de Cruz Roja, mientras que la Policía Local, como en la mayor parte de municipios, será la encargada del aforo y control de acceso. A sus tareas habituales, sumarán una especial atención a la vigilancia del flujo de personas en las playas. Esta localidad contará con una unidad de drones para controlar el aforo.