Europa tampoco ve irregularidades en las comisiones que cobró Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, en un proceso de compra de mascarillas durante los primeros meses de la pandemia. La Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) ha informado este martes del archivo de la investigación abierta por la compra de 250.000 mascarillas por la Comunidad de Madrid, un contrato por valor de 1,5 millones de euros vinculado al hermano de la presidenta en el que tampoco observó problemas legales la Justicia española.
El archivo del caso sucede tras «una exhaustiva investigación» tras la cual «no ha quedado acreditado» que el precio abonado por el suministro de las mascarillas fuera desproporcionado, según ha informado la propia Fiscalía Europea en un comunicado. La decisión la tomó el pasado 6 de marzo la Sala Permanente de la EPPO a propuesta de los fiscales europeos delegados y en acuerdo con la Fiscal Europea supervisora en España, Concepción Sabadell.
Según explica la EPPO en el comunicado, tras asumir la investigación del contrato adjudicado por el Servicio Madrileño de Salud de la Comunidad de Madrid (SERMAS) para la compra de 250.000 mascarillas FFP2-3, los Fiscales europeos tomaron diversas declaraciones, analizaron documentación y comprobaron la autenticidad de las fotografías de las mascarillas entregadas.
También requirieron información a diversas entidades como la Agencia Tributaria, el SERMAS y la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR); recabaron informes de la Guardia Civil y nombraron un perito que examinó la documentación. Finalmente, se procedió al archivo del procedimiento por «no concurrir indicios suficientes de la comisión de un delito», precisa la Fiscalía Europea, que añade que «no ha quedado acreditado que el precio abonado por las mascarillas fuera desproporcionado atendiendo a la calidad del material ofertado y entregado».
Asimismo, tampoco creen acreditado que el precio hubiera sufrido un incremento «indebido derivado de la intervención de personas ajenas a la empresa» y concluyen que ha quedado acreditado que el transporte fue abonado por la empresa adjudicataria y no por la Comunidad de Madrid. La propuesta de los Fiscales Europeos Delegados de archivar este caso ha sido valorada y confirmada por tres Fiscales Europeos de diferentes Estados miembro, según ha informado el propio organismo europeo.