El acuerdo alcanzado entre la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Hacienda que abre la puerta al Ejecutivo central para que disponga del superávit de los ayuntamientos sigue generando reacciones .
En este sentido, la Diputación de Ourense insta al Gobierno de España a no apropiarse de los recursos de las entidades locales, tal y como manifiesta la institución en una declaración aprobada ayer durante la reunión de su Junta de Gobierno.
El documento critica que el Ejecutivo central “no destinó euro alguno” para apoyar a las entidades locales en la lucha contra el coronavirus. Ante esta situación, y a través de la FEMP, la Diputación solicita medidas como poder disponer del 100 % de los remanentes de tesorería o la transferencia de una parte proporcional de los Fondos Europeos que reciba España.
En el mes de julio, recuerdan, el Gobierno le presentó a la FEMP una propuesta de acuerdo que “no respondía a las peticiones de las entidades locales, excluía el mundo rural y a más de 3500 ayuntamientos que cerraron 2019 con deuda o sin remanente de tesorería positivo”. Una propuesta, critican, que “vulnera” también la autonomía local que establece la Constitución.
La Junta de Gobierno de la FEMP, el 3 de agosto, aprobó, solo con el apoyo de los alcaldes socialistas, y gracias al voto de calidad de su presidente, Abel Caballero, dicha propuesta “injusta e insolidaria”. “La primera vez que se rompió el consenso histórico en la FEMP”, señala.
En estas circunstancias, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales, que mantiene los aspectos “más lesivos” del acuerdo no avalado por todas las fuerzas políticas presentes en la Junta de Gobierno de la FEMP, excepto el PSOE, y que mismo cambia las condiciones “pactadas” con los alcaldes socialistas de la junta de gobierno.
“A cambio de que las entidades locales cedan los ahorros municipales, el Gobierno les ofrece un fondo –que supone solamente una pequeña parte de sus ahorros– y que deberán emplear únicamente en las actuaciones definidas por el Gobierno en el propio Real Decreto-ley 27/2020”. Una propuesta que califican de inaceptable pues “va contra de la Constitución española”.
Por las razones expuestas, la Diputación propone que la Junta de Gobierno declare “apoyar expresamente el recurso de inconstitucionalidad que eventualmente se presente contra el Real Decreto-ley 27/2020 en el supuesto de que superara la convalidación parlamentaria en las Cortes”, así como “rechazar el procedimiento negociador mantenido por el Gobierno con el presidente de la FEMP”.
También pide “rechazar cualquier medida del Gobierno orientada a apropiarse de los ahorros acumulados del vecindario de los ayuntamientos” e “instar al Gobierno a respetar y garantizar la autonomía que la Constitución y las leyes les otorgan a las entidades locales para la gestión de sus recursos y a que Hacienda cumpla con la totalidad del acuerdo consensuado por todas las fuerzas políticas que conforman la Junta de Gobierno de la FEMP.
La Diputación solicita finalmente dar traslado de este acuerdo al presidente del Gobierno, a las ministra de Hacienda y Política Territorial y Función Pública, a los portavoces de los grupos del Congreso, del Senado y del Parlamento de Galicia y a la junta de gobierno de la FEMP.
