La principal novedad es que se permitirá realizar el trámite administrativo de cambio de sexo y nombre en el DNI y en el registro civil sin aval médico ni tratamiento hormonal previo
La ‘ley trans’, aprobada este 22 de diciembre en el Congreso, ha sido duramente atacada por un sector del feminismo y del PSOE que considera que la norma «borra» a las mujeres y desdibuja la discriminación que sufren en base a su sexo biológico. Sin embargo, la legislación incluye medidas para evitar que hombres que transicionan a mujeres se beneficien de cuotas o vean reducidas sus penas por violencia de género.
En contra de bulos ampliamente extendidos, la ley, cuya principal novedad es que permitirá realizar el trámite administrativo de cambio de sexo y nombre en el DNI y en el registro civil sin aval médico ni tratamiento hormonal previo, no dice nada acerca de procesos médicos en adultos ni menores, extremo que compete a las autonomías. 15 comunidades ya lo regulan. A continuación, exponemos qué dice la ley, en qué principios internacionales y nacionales se sustenta, y cómo afectará a las mujeres, a los menores y al ámbito del deporte, tres de los aspectos que levantan mayor polvareda.
¿Por qué se opone una parte del feminismo y del PSOE a la ‘ley trans’?
Consideran que, al permitir cambiar de sexo en el registro civil y en el DNI con la mera voluntad del interesado, sin necesidad de dos años de hormonación y un informe médico, «borra» a las mujeres, sitúa el género -al que consideran una construcción social del machismo- por encima del sexo biológico y «puede destrozar la potente legislación de igualdad», en palabras de Carmen Calvo, una de las cabezas visibles del llamado feminismo ortodoxo que se opone a la norma. Calvo trató de que la ley exigiera testigos o documentos que acrediten «la situación estable de transexualidad», pero perdió la batalla y fue cesada como vicepresidenta.
Las críticas contra la ‘ley trans’ beben de la oposición internacional a las leyes basadas en la identidad de género y a la llamada teoría ‘queer’, que ha reventado la concepción del género tradicional ligada a los genitales y mantiene que las etiquetas de «hombre» y «mujer» tienen significados sociales y culturales que están más allá del estricto sexo biológico que te designan al nacer. En esta división también pesa el factor generacional (las más jóvenes suelen apoyar en mayor medida las reivindicaciones lgtbi) y el carácter del movimiento: el feminismo tradicionalmente institucional es más contrario a la ley que el militante o activista de base. De ahí que Carla Antonelli, histórica trans socialista, haya asegurado que tras la polémica por la ley «no hay ideología sino una guerra de poder».
¿Qué contenidos son los más criticados?
Los reproches se centran en que se permita a los menores, a partir de los 14 años, realizar el trámite administrativo de cambiar de sexo en el DNI sin supervisión judicial o médica, y que la norma pueda ser utilizada por hombres que transicionan a mujeres en oposiciones, listas electorales o para eludir condenas por violencia de género.¿Qué medidas incluye la ‘ley trans’ para evitar que las mujeres sean perjudicadas?
Como las críticas surgieron mucho antes de que la legislación llegara al Consejo de Ministros, el Gobierno ha incluido dos disposiciones para evitar que «la rectificación de la mención registral altere el régimen jurídico» que con anterioridad al cambio fuera aplicable a la persona en violencia de género. O sea, que ningún hombre acusado podrá declararse mujer con el fin de eludir la ley. Asimismo, el interesado no podrá «ser beneficiario de las medidas de acción positiva» a favor de las mujeres contempladas en la ley de igualdad. En cuanto a las cárceles y al peligro de que hombres que han transicionado a mujeres agredan a las internas, la ley no modifica el funcionamiento de los centros penitenciarios que desde hace años se rigen por una instrucción que permite a las personas trans ingresar en el módulo correspondiente a su identidad de género.
¿En qué legislación se basa la ley?
La Organización Mundial de la Salud dejó de considerar la transexualidad como una enfermedad en el 2018 y la ONU ha defendido que los países implanten métodos «rápidos, transparentes y accesibles» para reconocer legalmente el género autodeterminado de cada persona. A su vez, la Comisión Europea, en su estrategia LGTBI, ha apostado por implementar legislaciones de reconocimiento de género «basado en el principio de autodeterminación, sin restricciones de edad». Siguiendo estas directrices, hasta ahora 15 países han aprobado legislaciones parecidas a la ‘ley trans’, no sin controversia, mientras que en España 15 comunidades reconocen la autodeterminación de género para emitir documentos como la tarjeta sanitaria, sin haber encontrado por el camino una gran oposición. Entre ellas, Cataluña.
¿Qué dice la norma sobre los menores?
Permite el cambio de nombre y sexo en el DNI y en el Registro Civil desde los 16 años y requiere que los menores entre 14 y 16 años presenten la solicitud «asistidos por sus representantes legales». Entre los 12 y los 14 se permite hacer si es avalado por un juez. El cambio de nombre (no de sexo) se puede realizar, acompañado de los padres, a cualquier edad. Aunque los detractores de la ley sostienen que se empuja a los menores a hormonarse y operarse los genitales, la ley elimina precisamente la necesidad de tomar hormonas para cambiar de sexo registral. Por tanto, la norma no incentiva las operaciones o los tratamientos; al revés, elimina estos requisitos y si una persona o un menor se arrepiente de la transición puede volver a solicitar la modificación a los seis meses.
La ley no entra a partir de qué edad ni en qué circunstancias pueden empezar los tratamientos médicos, que es una de las grandes preocupaciones que genera la norma. Ese extremo es competencia de las comunidades autónomas. 15 de ellas, como Cataluña, ya lo regulan.
¿Es cierto que hay un ‘boom’ de adolescentes que solicitan tratamientos hormonales?
El jefe de psiquiatría infantil del Hospital Gregorio Marañón y expresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, Celso Arango, sostiene que hay un «boom» de adolescentes que se declaran trans, dada la progresiva normalización de la diversidad sexual entre los más jóvenes. Sin embargo, en agosto de 2022, un estudio del Hospital de Massachusetts desmintió, a través del seguimiento de más de 100.000 adolescentes, la teoría del «contagio social» en este ámbito. Según esta investigación, solo el 1,6% de los jóvenes se considera trans o de género diverso, un porcentaje incongruente con una supuesta moda hacia el cambio de sexo.
¿Qué dice la ley de las competiciones deportivas?
Otra de las críticas más frecuentes hacia la ‘ley trans’ es que perjudicará a las mujeres en las competiciones deportivas. Sin embargo, la ley no modifica las normas en este ámbito y deja en manos de las federaciones los requisitos para competir. En este sentido, 10 comunidades autónomas tienen leyes LGTBI que permiten a los deportistas federarse en función del sexo sentido, aunque en el ámbito internacional hay variedad de criterios. Mientras la federación de rugby prohíbe que compitan personas de distinto sexo biológico, otras como utilizan índices de testosterona para autorizar o denegar la participación de mujeres trans, que es donde se centra la polémica debido a la supuesta ventaja que les da haber nacido hombres.