Este viernes 29 de mayo, el Consejo de Ministro aprobará el Ingreso Mínimo Vital (IMV), también conocido como Renta Mínima Vital. Se trata de una renta básica promovida por el Gobierno y dirigida a los hogares en una situación de extrema pobreza.
La intención del Gobierno es que las familias empiecen a cobrar la prestación a finales de junio, que será otorgada a unos 100.000 hogares inicialmente.
¿Qué es el Ingreso Mínimo Vital?
El Ingreso Mínimo Vital es una ayuda dirigida a «hogares» no a personas, aseguran, y los requisitos fundamentales para acceder a ella serán la renta y la búsqueda de empleo. En este sentido, las familias que sean propietarias de una vivienda valorada en más de 100.000 euros no podrán acceder a dicha prestación, aunque carezcan por completo de ingresos; y la persona solicitante deberá tener entre 23 y 65 años y estar en busca activa de empleo.
Se busca que sea una prestación dinámica, por lo que se han diseñado instrumentos con el fin de que la renta no sea disuasoria de continuar buscando un empleo, siguiendo el ejemplo de los países nórdicos, donde tienen prestaciones más generosas y no se desincentiva la búsqueda de trabajo.
El decreto diferenciará doce tipos de hogares y se pondrá el foco en los monoparentales por su especial vulnerabilidad, y que han cifrado en unos 100.000 en nuestro país.
El Gobierno también se plantea que la renta mínima llegue primero a los hogares con un ingreso inferior a 230 euros al mes.
La ayuda del IMV irá de los 462 a los 1.015 euros por hogar, dependiendo de si se tiene hijos o personas mayores a cargo y de los ingresos declarados en 2019.
Se calcula que supondrá un coste para las arcas públicas de 3.000 millones de euros al año cuando su implantación sea completa, que serán financiados a través de los presupuestos generales del Estado y podría beneficiar en total, según estimaciones del Estado, a unos 850.000 hogares.
El IMV podría complementarse con otras ayudas de las comunidades autónomas. La renta que se aprobará mañana será el mínimo y, luego, las prestaciones de las autonomías serían el último nivel de protección.