Doctora en Derecho, Máster en Derecho de las Administraciones e Instituciones Públicas por la Universidad de Santiago de Compostela y especialista en gestión pública por la FEMP. Secretaria de Administración Local, categoría superior y Codirectora de Red Localis.
Uno de los aspectos que ha creado urgencia tras el confinamiento es la regulación del teletrabajo ¿ha llegado para quedarse?
Efectivamente. Gracias al teletrabajo ha sido posible mantener el funcionamiento de muchos servicios, tanto públicos como privados. Era una práctica muy incipiente la que existía en España, pero las estadísticas demostraron que ha sido un entorno laboral mayoritario, sobretodo durante el confinamiento. Actualmente se está trabajando sobre una ley de carácter general desde el propio Ministerio de Trabajo y hasta se está modificando la regulación de los empleados públicos para contemplar este régimen como una nueva modalidad organizativa.
¿El teletrabajo facilita la conciliación de la vida personal y familiar?
Aquí hay que tener mucho cuidado con la trampa perversa que se está produciendo al asociar el teletrabajo con la conciliación. Lo que sucede es que se está penalizando una vez más a la mujer. Desde la Asociación de Mujeres en el Sector Público que presido hicimos una encuesta durante el confinamiento en la que se ponía de relieve como esta modalidad había tenido una mayor carga para las profesionales. En este sentido, el trabajo a distancia debe permitir la conciliación del mismo modo que lo debe consentir cualquier otra modalidad, ya sea en régimen presencial o mixto.
Seremos digitales o no seremos. ¿Qué significa esta afirmación? ¿Cómo se habría vivido el confinamiento sin el mundo digital? Y frente a ello ¿cómo solucionamos la brecha digital?
La pandemia nos ha demostrado que la digitalización no tiene vuelta atrás. El confinamiento nos enfrentó al espejo y nos enseñó que si no somos digitales tenemos pocas posibilidades de éxito, de ahí la afirmación. En el siglo XXI no se puede vivir de espaldas al mundo digital. En este sentido, tenemos varios problemas. Por un lado la brecha derivada de la conectividad, y por el otro la de las competencias digitales, dos puntos que hay que abordar desde todo el conjunto de la sociedad.
¿Cual debe ser el papel de las AAPP en esta situación de crisis sanitaria, social y económica? Están preparadas para asumir los retos a los que se enfrentan?
Creo que el sector público debe liderar los procesos para superar la crisis, teniendo un plan de futuro. Esto no es sencillo, porque realmente hay mucha incertidumbre en estos momentos volátiles y ambiguos, que hacen muy difícil un planteamiento ante una realidad que está cambiando el paisaje cada día. ¿Preparada para asumir los retos? Lo complejo en estos momentos es saber cuales. Yo creo que es cuestión de trabajarlo, pensando siempre en una administración digital, innovadora, proactiva y donde el ciudadano es el eje de toda su actuación.
Y los empleados públicos, ¿están preparados para esta situación?
Los empleados públicos llevan viviendo desde hace unos años numerosas carencias a las que se les ha expuesto. Por un lado, tenemos un fuerte envejecimiento de las plantillas, que no significan que no puedan asumir estos retos, pero está claro que desde luego es necesario su reformulación y su capacitación para asumir este tipo de retos. Además, hay que instrumentar su relevo generacional, pensando siempre (ala hora de diseñar este modelo de empleo público) en clave de futuro.
¿Cómo enfrentar los riesgos del mundo digital, ante las posibilidades de la inteligencia artificial, y la reutilización de datos?
No deben obviar los riesgos para la privacidad y la protección de datos de la ciudadanía para lo que es vital una capacitación en competencias digitales que permita obtener sus beneficios derivados. En este sentido, la Unión Europea está muy preocupada por la utilización ética de las nuevas tecnologías, especialmente de la IA, por los sesgos que puedan producir impactos negativos, tanto en el servicio público como en el ámbito privado.
La sostenibilidad constituye uno de los ejes del futuro, plasmados en la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ¿están las políticas públicas alineadas con estos propósitos?
La declaración de la pandemia adelantó la ausencia de la Agenda 2030 y de los Objetivos del Desarrollo Sostenible porque realmente se ha hecho presente en 2020 con 10 años de anticipación. El marco de sostenibilidad, responsabilidad e integridad se está alineando lentamente con las políticas publicas. Ahora falta fijar como vamos a alcanzar las metas en este periodo, que en realidad se puede quedar corto a causa de la situación actual.
En cuanto al sector privado, ¿cómo puede enfocar el futuro más inmediato?
Esto es un poco lo contrario de lo que comentaba antes. El sector privado también debe actuar con el público, esta colaboración es uno de los ejes esenciales, tanto desde el punto de vista del tejido empresarial como de la sociedad civil. Para ello debemos tener gobiernos participativos, en los que el sector privado y la sociedad puedan tomar parte. Las grandes corporaciones tienen también que liderar este proceso porque al final los objetivos son conjuntos. Tenemos que pensar que la mejora global de la sociedad es un beneficio para ambos sectores. Si los intereses son comunes no queda otra que apoyarse mutuamente.
Los estándares de integridad y transparencia son fundamentales en situación de crisis para generar confianza en la ciudadanía, ¿cómo garantizar la rendición de cuentas?
La confianza es una noción clave en esto. Las personas tienen que creer en las AAPP y en que estas vayan a solucionar esta crisis en la que nos encontramos. Para ello es muy importante la información y el conocimiento. Cuanto más transparente sean los procesos de toma de decisión, será más fácil que el ciudadano los conozca y pueda evaluar si la administración y el gobierno están adoptando las decisiones correctas. En España tenemos una Ley de Transparencia desde el año 2013 que ha tenido un recorrido y actualmente necesita evolucionar y dar un paso más. Ahora toca hablar de integridad y de gobierno abierto, garantizando la participación de la ciudadanía. También es el momento de conocer como se asignan los recursos públicos, especialmente a sabiendas de que vayan a ser tan demandados. Si no conocemos con que criterios se asignan, podemos pensar que se están repartiendo de un modo discriminatorio, arbitrario, que se proporcionan sin eficacia ni eficiencia, o que no se está racionalizando el gasto publico.
Toca repensar el modelo de administración pública, ¿cuáles son las claves para adaptarse a la sociedad actual?
Sí, porque no podemos afrontar los retos de esta era con una administración y unos empleados del siglo XX, enfocando las políticas públicas en modelos que ya están caducos. Toca reflexionar en clave participativa, social, abierta y digital, innovando y siendo proactivos. El modelo de administración burocrática y jerarquizada ya está siendo muy denostado. Hoy en día las AAPP tienen que verse como algo útil. Su papel debe centrarse en los derechos de los ciudadanos, ofreciéndoles una cartera de prestaciones básicas y un estado de bienestar, además de contar con todos los agentes sociales y económicos.
