El Gobierno abre también la puerta a reformar el delito de malversación. Apenas 48 hora de anunciar que sustituirá el delito de sedición por el de «desórdenes públicos agravados», el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha confirmado a La SER que en la tramitación del delito de sedición también se puede «plantear modificar el de malversación». «Hay muchos delitos relacionados con lo que pasó en 2017 que no se han propuesto. No olvidemos que la clave es construir convivencia», ha afirmado, recalcando que el Código Penal debe armonizarse para que sea «razonable» y por tanto vale la pena estudiar las reformas.
«En el PSOE tenemos claro todos que la política de construir convivencia en Cataluña es buena para todos. Hereda una tensión insoportable y con Pedro Sánchez se toman medidas valientes para el reencuentro. En estas decisiones. como pasó con los indultos, algunos pueden tener dudas. Pero con el tiempo ven que ha sido positiva», ha declarado este lunes. Por lo que apunta que desde el Ejecutivo se está «construyendo confianza y convivencia y lo estamos haciendo con valentía. La situación ahora en Cataluña nada tiene que ver con la anterior».
Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reivindicado este lunes que la Constitución está «perfectamente protegida» pese a la derogación del delito de sedición del Código Penal y ha dejado en manos del Congreso la posibilidad de que se reforme también el delito de malversación. En una entrevista en TVE, Robles ha reconocido que la reforma es una «decisión política» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en favor de la «concordia». «Un Gobierno tiene la obligación de tomar aquellas decisiones políticas que considera que son buenas para su país», ha defendido.
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Por ello, más allá de que se esté a favor o en contra de la medida, ha rechazado que «se falte a la verdad», como cree que está haciendo el Partido Popular. «Con toda claridad, España es un país del que nos tenemos que sentir profundamente orgullosos, con una democracia fuerte y un marco constitucional que permite la convivencia», ha reivindicado. Así, ha recordado que la propuesta no modifica el artículo 155 de la Constitución, que permite la intervención de una comunidad autónoma, y tampoco los delitos contra la Constitución; ya que el de sedición se encontraba entre los delitos contra el orden público. «Los títulos que regulan los ataques contra la Constitución no se han tocado -ha insistido-. Lo que se ha hecho ha sido dar una redacción más moderna, más adecuada a los planteamientos europeos, del delito de sedición».
La ministra de Defensa, jurista de profesión, ha rechazado así que las críticas se intenten «amparar» en los jueces y ha recordado que estos tienen la función de «interpretar y aplicar las leyes»; a la vez que ha mostrado su «orgullo» por los profesionales de la Justicia y por el Tribunal Supremo. Además, ha reconocido que le hace «gracia» que el PP avise de que se pone en riesgo la Constitución cuando los de Alberto Núñez Feijóo están «incumpliendo» la Carta Magna usando como «rehén» al poder judicial con su negativa a reformar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
«Se puede no compartir una decisión política, pero no se puede hacer lo que se está haciendo», ha insistido apuntando también que todos los políticos fugados, como el expresidente catalán Carles Puigdemont, tendrán que «pasar por el ámbito de un procedimiento judicial».
