El Sistema Nacional de Salud, lastrado desde hace décadas por un déficit crónico de presupuesto y al que la pandemia ha hundido en la agonía, se tambalea.
El resultado: días de demora para conseguir una cita, listas de espera interminables, urgencias hospitalarias convertidas en centros de salud, una sangría de profesionales y pacientes hacia el sector privado y mucho, mucho malestar.
Ha sido con el puñetazo en la mesa que han dado los profesionales madrileños de la atención primaria, y que ayer tuvo su reflejo en una multitudinaria manifestación en la capital, cuando la cuestión se ha metido de lleno en la agenda política, pero la desazón se extiende por muchas comunidades.
«La situación en general es mala, pero es que en Madrid es malísima«, dice a Efe Marciano Sánchez Bayle, de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP); «la vía de escape ahora son los servicios de urgencia y la sanidad privada», añade Maribel Moya, vicepresidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), que avisa: «Si no cuidamos a los profesionales, la quiebra del sistema es inminente».
Una de las principales características del sistema sanitario público, tocado por los recortes de 2008 de los que aún no se ha recuperado, son sus enormes desigualdades territoriales.
España se gasta en sanidad pública por habitante 1.907 euros, un total de 90.317 millones, el 8% del PIB, según la última Estadística de Gasto Sanitario Público correspondiente a 2020. De media, las comunidades desembolsan 1.638 euros por cada ciudadano; pero mientras el País Vasco dedica 1.948, Andalucía lo reduce a 1.398.
No es la andaluza la que menos destina respecto a su PIB: si la media de las comunidades es del 6,9%, solo una se sitúa casi dos puntos por debajo: Madrid, con un 4,7% (1.497 euros). La siguiente de la cola es La Rioja, con un 6,2%.
«Con tanta diferencia presupuestaria, las prestaciones y funcionamiento del sistema sanitario no son los mismos en todos sitios«, puntualiza Sánchez Bayle, que señala otro de los grandes problemas que ahoga el SNS: el desproporcionado gasto farmacéutico, que se ha disparado casi un 40% desde 2014.
Cambios en la sociedad
Se da otra circunstancia cualitativa que resume así la doctora Moya: «El SNS no se ha orientado a los cambios que se están produciendo en la sociedad, sobre todo demográficos: no se dirige a una atención integral de ciudadanos cada vez más envejecidos y con una alta prevalencia de enfermedades crónicas, y no ha sabido darle la suficiente relevancia a la atención médica preventiva, a las políticas de Salud Pública y a la educación para la salud».
La mecha ha prendido en el primer nivel asistencial, infrafinanciado desde hace décadas y al que la covid ha venido a herir de muerte. «La Atención Primaria está cercana a la quiebra y los médicos de familia están muy al límite emocional y laboralmente», ilustra la vicepresidenta de semFYC, Paula Chao.
Una situación generada por «una falta absoluta de planificación por parte de las comunidades y del Ministerio, que no han sabido ver» que de aquí a 10 años, por ejemplo, estarán jubilados un 30 % de los médicos que actualmente tienen más de 60 años sin que haya recambio.
En el SNS trabajan casi 165.000 médicos y 213.000 enfermeras; pese a ser la puerta de entrada al sistema, el 54% de los profesionales de la medicina en activo están en hospitales frente al 27,1% de los centros de salud. En total, 3,3 médicos por cada 1.000 personas, pero solo 0,8 son equipos de AP frente a los 1,8 de la hospitalaria.
Mayor brecha se da en enfermería: de las 213.000 profesionales del sistema público, casi el 80 % trabaja en hospitales. Son un total de 4,2 enfermeras por 1.000 personas, pero 0,7 son de AP y 3,3 de hospitales.
Según el Sistema de Información de Atención Primaria (SIAP), médicos y enfermeras pasaron en 2021 más de 453 millones de consultas ordinarias y 29,6 millones urgentes.
Pero uno de los mejores datos para mostrar su sobrecarga es el de las Tarjetas Sanitarias Individuales (TSI) asignadas: más de un tercio de los profesionales de la medicina, un 35,4%, superan las 1.500 que son deseables. En Madrid, rebasan esa cifra el 47% de sus médicos.
Y todo eso con un 13,92% del presupuesto sanitario, cuando lo exigible sería un 25%. La media española de gasto en AP es de 221 euros por habitante aunque, de nuevo, Madrid lidera la cola autonómica con 150 euros frente a los 267 del País Vasco.
La competencia, Europa y la sanidad privada
Los médicos de mañana se juegan su futuro el próximo 21 de enero, cuando están llamados a hacer el examen MIR los 12.251 aspirantes admitidos en esta convocatoria, en la que se han ofertado 8.503 plazas.
Estas cifras aún provisionales recientemente publicadas por el Ministerio de Sanidad mantienen, no obstante, la tendencia a la baja del interés por estas pruebas, que han pasado de su convocatoria más multitudinaria de 2020 con 16.176 opositores admitidos para 7.512 puestos, a 13.059 este 2022, en el que salieron 8.188 plazas.
Más de 200 -la práctica mayoría de Medicina de Familia- quedaron desiertas en primera instancia y ni siquiera se completaron en una segunda vuelta. «Antes, todo el mundo se mataba por tener una plaza en el SNS», comenta Moya; ahora «la competencia es Europa y la sanidad privada».
En 2021, las agresiones a sanitarios ascendieron a casi 11.000 (casi 2.000 más que el año anterior) y la mayor parte se produjeron en AP; en ese mismo periodo, y de acuerdo con el estudio Mindcovid del Instituto Carlos III, un 37 % de este colectivo estaba en riesgo de padecer algún trastorno mental y un 35 % padecía desgaste profesional o burnout.
Y, ahora, los futuros profesionales tienen algo que antes no, la capacidad de elección, así que ante unas condiciones precarias que «han llegado al límite», sueldos bajos, un acceso a la especialidad fuera más fácil que las pruebas MIR, la falta de medidas para retener talento, sumado al estrés pospandemia y el agotamiento, han optado por ampliar sus horizontes.
Las salidas y las urgencias
En un escenario en el que las citas con primaria se demoran de media 8,8 días -con mucha variabilidad autonómica-, «los pacientes van a buscar la solución más fácil y terminan yendo a urgencias«, explica Pascual Piñera, vicepresidente de Semes.
Los 4.000 profesionales de las urgencias y emergencias miran con mucha preocupación la situación de sus compañeros, porque además les afecta directamente desde hace sobre todo un año, con el estallido de ómicron.
Dependiendo de la comunidad, y quitando el sesgo de 2020, el aumento de la asistencia a los servicios de urgencia se ha disparado entre un 15% y un 25% respecto a 2019, calcula Semes, inquieta especialmente por la incertidumbre que ha abierto esta nueva temporada de covid y gripe.
Ante este panorama, el sector privado ha ido notando un aumento de los asegurados del 3,8% desde 2016. De 2020 a 2021, se han sumado medio millón más hasta los 11,55 millones de españoles con seguro, tal y como reflejan los últimos datos de la Fundación Idis.
¿Hay todavía tiempo de revertir esta situación? Una buena parte de la solución está escrita en los cientos de informes y análisis que toda la comunidad médica y científica lleva años proponiendo sin éxito, pero ni con esas las perspectivas son halagüeñas. «No quiero ser pesimista -afirma la vicepresidenta de los médicos-, pero la realidad me obliga a serlo. No veo ninguna voluntad política».