El grupo automovilística Daimler ha llegado a un principio de acuerdo con varias autoridades estadounidenses en relación a las reclamaciones civiles y medioambientales relativas con el caso de los vehículos diésel que incorporaban un software no permitido que alteraba las pruebas de emisiones y que estaba instalado en cerca de 250.000 automóviles en Estados Unidos.
En un comunicado, Daimler también ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con los abogados de los demandantes para resolver la demanda colectiva que tiene pendiente. En total, el consorcio alemán prevé gastar más de 2.300 millones de dólares (casi 2.000 millones de euros) para solucionar este caso. En concreto, la firma germana estima que gastará unos 592 millones de euros para el pago de las sanciones vinculadas a la demanda colectiva, incluyendo también los honorarios de los abogados.
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Asimismo, los acuerdos con las autoridades estadounidenses, entre las que se encuentran la Agencia de Protección Ambiental, la Junta de Recursos del Aire de California y la División de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, le costarán unos 1.270 millones de euros. Además, la compañía prevé otros gastos adicionales para cumplir con dichos pactos que superarán los 80 millones de euros.
«Con estos acuerdos, la empresa da un paso importante hacia la seguridad jurídica con respecto a diversos procesos relacionados con el caso del diésel en Estados Unidos», ha indicado Daimler.