El abogado Manuel Prieto, que ejerce la defensa del maquinista del Alvia Francisco Garzón, ha considerado que con la declaración del exresponsable de la seguridad en la circulación de Adif Andrés Cortabitarte «ha quedado demostrado que no se hizo análisis de riesgos, ni se cumplió la normativa, ni se adoptaron medidas» para evitar un accidente como el descarrilamiento ocurrido en julio de 2013.
En declaraciones a los medios de comunicación después de la declaración de Cortabitarte que se extendió durante casi tres horas, el letrado que defiende al maquinista ha considerado que la testifical del exdirectivo de la seguridad se limitó a «lo esperado», véase, «mentiras, vueltas y manipulaciones». «Al principio se ha visto que no sabía ni qué contestar al fiscal«, ha apuntado Prieto sobre la declaración de Cortabitarte, que en ocasiones se ha quedado en blanco.
En opinión del abogado del conductor del tren, el acusado que ha prestado declaración esta mañana «ha dicho cosas que no son ciertas, y que cuando vengan otras personas, peritos y testigos, quedarán suficientemente claras».
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Manuel Prieto ha considerado que el exdirectivo de Adif incurrió en falsedades al decir que el maquinista no podría haber atendido la llamada de teléfono que lo desorientó ya que, ha asegurado, al iniciar dicha conversación telefónica con material corporativo, su patrocinado se limitó a cumplir con las instrucciones establecidas.
«Si una empresa le da un teléfono móvil para que lo use, ¿cuándo quiere que lo use?, ¿cuándo esté en la playa o cuando esté dormido?. No, solo en el trabajo y el trabajo de un maquinista es una cabina de conducción», ha resumido Prieto que insistió en que hubiese sido «una falta» no responder a la llamada del interventor.
También ha negado que existiese imposibilidad alguna para colocar balizas en la curva como apuntó Cortabitarte y ha tachado de «mentira absoluta» la justificación aportada por el encausado.
A este hilo, ha recordado que «nada más ocurrir el accidente y sin cambiar ninguna normativa» se colocó esta baliza y cuya colocación, precisamente, dependería del responsable de seguridad de Adif que tiene «el poder legislativo para cambiar la norma cuando quiera y lo vea necesario».
