Castilla-La Mancha está en contra de nuevos trasvases para regadío porque esta región necesita el agua para su desarrollo.
La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha avanzado este martes que el Ejecutivo regional va a recurrir el trasvase de 38 hm3 autorizado por la comisión central de explotación del trasvase Tajo- Segura para este mes de agosto, al considerarlo incompatible con la lucha contra el cambio climático, con el desarrollo sostenible y con la supervivencia del río Tajo.
En su comparecencia para informar de la reunión del Consejo de Gobierno, Fernández ha dicho que esta es la misma posición que viene manteniendo el Ejecutivo castellano-manchego, que sí consiente que la derivación de agua sea para consumo, «pero para un regadío incontrolado, no”, ha asegurado.
La portavoz ha asegurado que Castilla-La Mancha está en contra de nuevos trasvases para regadío porque esta región necesita el agua para su desarrollo, ya que el valor de una tierra de regadío es tres veces el de una de secano y genera cinco veces más puestos de trabajo, y también Castilla-La Mancha tiene derecho a desarrollarse en torno al agua que pasa por su territorio.
Por estas razones, Blanca Fernández ha asegurado que el Gobierno “seguirá trabajando con el Ministerio de Transición Ecológica para derogar el Memorándum del Trasvase, que es el que permite que los trasvases se sigan produciendo y no se alcancen los caudales ecológicos que por sentencia judicial y por sentido común deberían estar hace mucho tiempo en el cauce del Tajo”, ha afirmado.
PSPV: NO LLEGARÁ A BUEN PUERTO
Por su parte, la secretaria de Política de Agua de la Comisión Ejecutiva Nacional del PSPV-PSOE, Rosa Guillén, ha lamentado el anuncio del recurso que el Gobierno de Castilla-La Mancha presentará al trasvase de 38 hectómetros cúbicos para el mes de agosto, un trasvase que, ha asegurado “respeta profundamente la normativa vigente y debe aplicarse de manera automática”, por lo que cree que dicho recurso «no llegará a buen puerto».
En un comunicado, ha manifestado su convencimiento de que «el trasvase autorizado por el Gobierno de España cumple con los parámetros establecidos en el Memorándum de Entendimiento sobre el Trasvase Tajo-Segura”.
“La situación hídrica en los embalses de cabecera continúa en el nivel 2, por lo que el trasvase debe ser de aplicación inmediata”, ha explicado la dirigente socialista, que ha criticado que el Gobierno castellano-manchego hable de “regadío incontrolado” cuando “los regantes de la Comunitat Valenciana han demostrado ser responsables en su uso del agua, con grandes inversiones en infraestructuras de riego que están entre las más destacadas de Europa y que permiten utilizar el agua con la máxima eficiencia”.
En este sentido, la secretaria de Política de Agua de la CEN del PSPV-PSOE ha advertido que “avivar guerras territoriales no beneficia a nadie” y ha apostado por “el diálogo desde el rigor para llegar a una solución de consenso”. “Pero esta solución de ningún modo pasaría por acabar con los derechos de los regantes valencianos”, ha destacado, y ha recordado que este Consell “está al lado de los regantes y seguirá trabajando para que tengan agua de calidad de forma estable”. “Los trasvases no son una solución definitiva, pero mientras sean necesarios, este Consell no va a renunciar a una sola gota”, ha concluido.
«UN NUEVO EXPOLIO DE AGUA AL TAJO»
Por su parte, la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía han lamentado la aprobación de este nuevo trasvase del Tajo al Segura , que consideran “un nuevo expolio de agua del Tajo».
En un comunicado, la Asociación ha señalado que «se incumple la ley de montes, que indica que el agua ha de almacenarse preferentemente en los embalses de cabecera», y ahora mismo «hay más de 250 hm3 de agua entre el Júcar y el Segura», por lo que ha apuntado que «no la necesitan, pero si no se trasvasa antes del comienzo de las obras de La Bujeda perderían su derecho sobre ella”.
En agosto se trasvasarán 38 hm3 a pesar de que ello implique, según sus previsiones, «condenar al nivel 3 durante meses a Entrepeñas y Buendía».
La Asociación de Municipios Ribereños ha presentado un informe en el que explica las irregularidades, pero la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, según ha criticado,“ha vuelto a hacer caso omiso como ya hiciera el mes pasado con el que presentaron sobre la modificación de las reglas del trasvase. Una vez más, la política por encima de la ciencia”, ha afirmado.
Aseguran que está siendo un verano en el que «se ha dilapidado un año hidrológico excepcional con un envío continuo a través del canal» y han añadido que Entrepeñas, que llegó a alcanzar el 56 por ciento de su capacidad, se encuentra alrededor del 42 por ciento y Buendía ya ha bajado hasta el 18 por ciento.
Mientras, municipios ribereños como Huete o Chillarón del Rey tienen restricciones de agua y las inversiones prometidas siguen pendientes, han lamentado.