Durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus se han disparado los casos de ocupaciones ilegales en viviendas propiedad de particulares o empresas. Según datos del Consejo de Administradores de Fincas el último año el 60% de las viviendas vacías han tenido casos de ocupación.
El perfil ha dejado de ser el de personas vulnerables que ocupan por necesidad, sino de personas que ocupan viviendas de lujo. Son mafias que se dedican a cambiar la cerradura, a hacer un contratos falsos y a vivir literalmente de la ocupación.
La desocupación es un proceso muy lento, por ello las primeras 48 horas son clave para que la Policía pueda intervenir sin orden judicial porque se considera allanamiento de morada. A partir de ahí, se inicia un procedimiento judicial y como mínimo pasan seis meses, y el procedimiento se puede alargar.
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No sólo ocupan la casa, en cierta manera hay que financiarles la estancia. Sí el propietario cambiar la cerradura o cortar la luz y el agua incurre en un delito de coacciones.
Eso el propietario, porque el ocupa no pasa de una multa que nunca pagan porque se declaran insolventes.
