El rosario de rebrotes de la pandemia y un plan coordinado para hacerle frente es el principal objetivo que llevan en cartera hoy un buen número de líderes autonómicos a la Conferencia de Presidentes convocada por Pedro Sánchez en San Millán de la Cogolla. La valoración del acuerdo alcanzado en la UE en virtud del cual se adjudica a España una ayuda de 140.000 millones para la reactivación del país se incluye también en el orden del día del encuentro y las comunidades abogarán por un «reparto justo» de los fondos y propuestas concretas sobre la aplicación de los mismos.
La preocupación prioritaria por parte de las CCAA se centra ahora en el control del virus y en la adopción de medidas «claras y comunes» para impedir que los rebrotes adquieran el carácter de segunda oleada de la enfermedad y se extiendan entre territorios. «Criterios y planes de país», en palabras del presidente castellano manchego Emiliano García-Page que han encontrado eco en la mayoría de sus homólogos.
Sin embargo, el interés autonómico en este punto encuentra una complicidad limitada en el Gobierno convencido, como aseguró ayer el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en el Congreso, de que la situación «está controlada» porque la mayoría de los rebrotes afectan a pocas personas, muchos de los casos detectados son asintomáticos o leves y no hay presión en el sistema sanitario. Illa descarta la posibilidad sugerida por algunas fuerzas parlamentarias de retomar el «mando único» en aquellos territorios en los que se ha detectado un mayor repunte de la epidemia.
Sobre el terreno las cosas se ven de otra manera: Castilla-La Mancha y Aragón temen los posibles contagios importados de Madrid y Cataluña y argumentan no disponer de la facultad para, llegado el caso, cerrar las fronteras con estos territorios limítrofes. Aragón, una de las comunidades actualmente más afectada, pide, además, un modelo de aporte de datos «transparente y homogéneo» para poder hacer un dibujo claro «sin manipulación ni ocultaciones» de la situación epidemiológica.
Madrid, por su parte, acude al encuentro con la intención de exigir protocolos más estrictos en el aeropuerto de Barajas, primera puerta de acceso al territorio nacional «de personas y del virus». Galicia se suma a estas comunidades y reclamará mayor coordinación y una legislación única para cortar el paso a los rebrotes, en tanto que Murcia añadirá a estas demandas una vigilancia y un protocolo estricto ante la llegada de pateras.
Asturias insistirá en la necesidad de reforzar el Sistema Nacional de Salud y centralizar, a través de una empresa estatal de nueva creación, la compra de material y productos sanitarios. Su presidente, Adrián Barbón, abogará además por dar más peso al Gobierno en el Consejo Interterritorial de Salud, un órgano que debería tener capacidad ejecutiva en lo que se refiere a salud pública.
Castilla y León reclamará a Sánchez la disposición legal que prometió el Gobierno a fin de dotar a las CCAA de una herramienta «intermedia» que, sin necesidad de recurrir al estado de alarma, permita activar confinamientos si fueran necesarios. Hasta ahora, y siempre con autorización judicial, las autonomías pueden decretar confinamientos perimetrales dentro de los cuales hay movilidad.
COMPETENCIAS AUTONÓMICAS
La reunión se celebra cuando se cumplen ya 41 días del fin del estado de alarma y las comunidades se han hecho cargo de la situación conforme a sus competencias pero sin poder traspasar los límites de actuación incluidos en el decreto de nueva normalidad y sumidas en el temor a una nueva expansión territorial de los rebrotes. A día de ayer, el Ministerio tenía constancia de un total de 412 focos activos con un total de 4.870 casos asociados, el 70% de ellos localizados en Cataluña y Aragón.
Pedro Sánchez ha previsto una reunión larga -cinco horas- en la que estará acompañado por los cuatro vicepresidentes y los ministros de Sanidad y Política Territorial. Todo un equipo gubernamental para hacer frente a las demandas de las comunidades que pretenden salir del encuentro con guías de actuación precisas y coordinadas para trasladar un mensaje de «serenidad» a los ciudadanos y, además, con la seguridad de que la distribución de los fondos de ayuda europeos será «justa» y no caerá en los errores que, en opinión de la mayoría de las comunidades, se ha incurrido a la hora de repartir los 16.000 millones del llamado Fondo Covid.
Respecto a las ayudas millonarias europeas, los presidentes autonómicos reclaman explicaciones claras y detalles de los requisitos y trámites que habrán de cumplir los planes y proyectos que opten a las mismas. Y, además, tener voz, como ha pedido Andalucía, a la hora de decidir la prioridad de las inversiones a acometer.
En este sentido, Cantabria defenderá que se tenga en cuenta el coste de los servicios en cada territorio; Castilla y León, las necesidades de la PAC y el reto demográfico; Canarias, las circunstancias que se derivan de la lejanía y la insularidad; Andalucía, los proyectos derivados del corredor mediterráneo; Galicia planteará una apuesta decidida por Alcoa y Aspontes; Murcia incidirá en los planes relacionados con el agua y la recuperación del Mar Menor y Madrid pondrá sobre la mesa el proyecto del primer hospital dedicado específicamente a las pandemias.
El Rey Felipe VI acudirá al monasterio de Yuso pero no formará parte de la reunión: sólo figurará en la foto de familia y compartirá un desayuno informal con los participantes antes del inicio de la Conferencia.