El último Gobierno del PSOE en Andalucía disparó los gastos sin partida presupuestaria, sobre todo en la «administración paralela»
Las cuentas andaluzas son un misterio sin resolver en los 37 años de gobiernos socialistas porque ni la Ley ni los Presupuestos, que son ley, han sido debidamente respetados .Se ha sabido ahora, gracias a la fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía, que Susana Díaz dejó la presidencia de la Junta con 1.500 millones en facturas sin pagar. Dicho en cristiano, la Junta contrató obras y servicios al margen de los presupuestos y de la contabilidad oficial. Podía hacerse, a pesar de los controles de la intervención, y se hizo.
Dice la Cámara de Cuentas en el punto 6.5 de su informe sobre las cuentas de la Junta de 2018 que «el importe total de las obligaciones no imputadas a presupuesto y que están pendientes de pago, contabilizadas en la cuenta 413, no computadas a efectos del cálculo del remanente de tesorería, asciende a 1.491,95 M€, correspondiendo 599,60 M€ a la Junta de Andalucía y 892,35 M€ a las distintas agencias, tanto administrativas como de régimen especial».
Sobre las cuentas de 2017, la fiscalización de la Cámara de Cuentas ya subrayaba en el punto 6.5 que «el importe total de las obligaciones no imputadas a presupuesto y que están pendientes de pago, contabilizadas en la cuenta 413, ya que no se computan para calcular el remanente de tesorería, asciende a 1.073,15 M€, correspondiendo 436,26 M€ a la Junta de Andalucía y 636,89 M€ a las distintas agencias…».
Esto significa que la Cámara de Cuentas halló facturas «negras por importe de 1,073,15 millones de euros» en su estudio de las cuentas de la Junta en 2017, bajo gobierno del PSOE de Susana Diaz, y encontró en 2018, por el mismo concepto, la cantidad pendiente de pago por el mismo concepto de 1.491,95. En un solo año, pues, las facturas «negras» pendientes de pago al margen de los presupuestos ascendió en 418,80 millones de euros.
Esto significa que Susana Díaz, que había utilizado crecientemente este tipo de gastos, aumentó considerablemente este tipo de facturación en el último año de su gobierno, dejando el pago correspondiente en manos del siguiente gobierno como herencia.
Para que pueda aclararse de qué facturas estamos hablando, según explica El Mundo, en la Junta de Andalucía hay una cuenta denominada 413 que la Consejería de Hacienda creó para agrupar las deudas que contraídas por la Junta por gastos en bienes y servicios al margen del presupuesto, o sea, que no deberían haberse efectuado porque no había dinero consignado para hacerlas. Por ello, no pudieron pagarse.
Pero, ¿cuál es el papel de la Intervención General en este asunto? La Cámara recuerda en su informe que los gobiernos de las Comunidades Autónomas deben adoptar las medidas normativas necesarias para que la Intervención General y otros órganos de control interno «realicen anualmente actuaciones de control de las entidades no sometidas normativamente a auditoria de cuentas, que permitan verificar la existencia de obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos para los que no se ha producido su imputación presupuestaria».
Pues bien, en 2018, la Intervención General reguló el procedimiento de registro de los gastos correspondientes a operaciones devengadas pendientes de imputación presupuestaria.
El resultado fue que, en el informe interno de septiembre de 2019, se admitió la existencia de obligaciones derivadas de gastos por bienes y servicios recibidos y devengados durante 2018, para los que no se había producido su imputación contable o presupuestaria a 31 de diciembre de 2018. Se trataba de 1.490,86 millones de euros en facturación «negra», de los que 599,60 M€ correspondían a las consejerías y 891,26 M€ a las agencias (administración paralela)…
En el caso de la administración general y oficial de la Junta, el importe se desglosaba así:
- 85,42 M€,del registro contable de facturas
- 387,99 M€ de gastos comunicados por los órganos gestores
- 1-26,19 M€ fueron detectados por la Intervención en su plan anual de control
Pero la parte mollar de estas facturas se situaban en la órbita de lo que la Cámara de Cuentas llama globalmente agencias, entes instrumentales dependientes de la Junta pero que no forman parte de su administración general. Es lo que se conoce como «administración paralela«.
De los 1.491 millones detectados en facturas que no tenían consignación presupuestaria, estas Agencias se llevaron casi 900 millones (891,26), y , dentro de ellas, debe destacarse el Servicio Andaluz de Salud, la «joya de la corona» para el PSOE de Andalucía. Tanto es así que recoge el citado periódico que las facturas en el cajón en el SAS suponían 812,52 millones de euros, casi toda la deuda sin consignación presupuestaria de la «administración paralela» en 2018.
Ya en marzo de 2019, en el medio Libertad Digital, se contó que el nuevo presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, reconoció que las cuentas de la Junta de Andalucía contenían un agujero de al menos 2.900 millones en materia de educación y sanidad. Esta cantidad incluía inversiones no ejecutadas, ingresos no realizados, facturas ocultas y otros gastos.