Dos ex altos cargos del CSIC y el Ministerio de Industria, acusados de daños al patrimonio, además de el ex edil de Urbanismo de Almonte
Las obras de reforma que se acometieron entre los años 2015 y 2017 en el Palacio de Doñana, sede de la Reserva Biológica de Doñana, se hicieron con «absoluto desprecio» a la ley y, en concreto, a la protección de la que gozaba el edificio histórico, que gozaba de un nivel de protección de grado 1 en virtud del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Almonte, en cuyo término municipal se levanta.
Con ese argumento, la Fiscalía de Huelva ha pedido penas de dos años de cárcel para dos ex altos cargos del Gobierno central -el ex secretario general del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el jefe de la Oficina de Supervisión de proyectos de la Subsecretaría del Ministerio de Industria en esos años.
Además de ellos, se van a sentar en el banquillo el que fuera teniente de alcalde de Urbanismo de Almonte, Antonio José Díaz; la arquitecta municipal y la asesora jurídica, además del director de la obra y del autor del proyecto de la reforma del inmueble.
Para todos reclama el Ministerio Público una condena de dos años de cárcel, además de inhabilitación para el sufragio pasivo y, en su caso, para desempeñar un cargo público por unos delitos que califica de daños al patrimonio histórico y prevaricación medioambiental.
En el escrito de calificación, al que ha tenido acceso EL MUNDO de Andalucía, el fiscal subraya cómo todos los acusados actuaron «a sabiendas» de la ilegalidad de las obras y cómo a pesar de ello siguieron adelante con un proyecto que iba mucho más allá de las labores de conservación y mantenimiento que, como mucho, admitía la normativa urbanística.
LA JUSTIFICACIÓN
Cuenta la Fiscalía onubense que «desde el primer momento» se presentó el proyecto de reforma del Palacio de Doñana como una intervención prácticamente imprescindible que se justificaba en el mal estado de conservación del edificio. Así, se planteó el vaciado integral de las plantas baja y primera con una remodelación total de los espacios que incluía demoliciones, sustituir las puertas originales de madera por otras de PVC, cierre de puertas y sustitución de ventanas exteriores, nuevas instalaciones de aire acondicionado y hasta un porche exterior que luego fue eliminado para salvar las trabas legales que empezaron a surgir.
De hecho, el primer proyecto que se presentó, el 25 de febrero de 2015, fue rechazado por el Ayuntamiento de Almonte, por lo que desde el CSIC se presentó un segundo proyecto que esgrimía las humedades, las deficiencias de mantenimiento y el «envejecimiento general» del edificio -que data de los siglos XVI y XVII- y proponía actuaciones «no agresivas». Entretanto, las obras se habían iniciado sin licencia.
Este segundo proyecto sí recibió el aval de la arquitecta municipal, obviando, dice el fiscal, el informe desfavorable anterior y «a sabiendas» de que contradecía el PGOU. Y lo mismo hizo la asesora jurídica el mismo día, con lo que el delegado de Urbanismo tramitó e impulsó la concesión de la licencia.