El Gobierno no prevé tomar medidas fiscales más allá de las rebajas a la luz de aquí a 2025. Así lo plantea el Programa de Estabilidad 2022-2025 que remite hoy a Bruselas, que aplaza la reforma fiscal más allá de 2025, a la espera de que la Comisión Europea mantenga las reglas fiscales suspendidas en 2023 o en todo caso adopte la propuesta española de que sean reglas a la carta, según las particularidades de cada país, y premiando inversiones verdes y digitales.
Es el inicio de la estrategia fiscal que detalla el Programa, que ha trabajado «en un escenario inercial a partir de los Presupuestos de 2022», e incorporando únicamente el impacto de las medidas adoptadas en los últimos meses y hasta la fecha en repuesta a la crisis energética y los efectos económicos y sociales derivados del estallido de la guerra de Rusia en Ucrania. Por el lado de los ingresos, el Gobierno insiste en que la estrategia fiscal 2022-2025 «se ha planteado en un contexto de ausencia de medidas fiscales, salvo las relacionadas con reducciones de impuestos energéticos o ayudas extraordinarias por la guerra de Rusia».
Este planteamiento recuerda al que ofrecía el Ejecutivo hace un año, cuando la remisión del Programa de Estabilidad coincidía con la primera publicación del Plan de Recuperación, lo que además se hizo justo poco antes de que se celebraran las elecciones a la Comunidad de Madrid el 4 de mayo. En un escenario en el que el Gobierno pasó de anunciar subidas de Patrimonio, Sucesiones y Sociedades incluso en 2021 en la presentación del comité de expertos el 12 de abril, a negarlas para intentar competir con la política de rebajas fiscales de Isabel Díaz Ayuso.
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Pues bien, en aquel momento, el escenario también se presentó a Bruselas como inercial, sin subidas, sólo con mejoras de la recaudación por la reactivación económica. Pero el contenido del Plan pactado también con la Comisión que se conoció al detalle justo cuando se habían ya celebrado los comicios, el 5 de mayo, concretó una catarata de subidas de impuestos en 2021, 2022 y 2023.
En previsión de que la Comisión exija el cumplimiento de algunas de las subidas de impuestos comprometidas en un marco de vuelta de las reglas fiscales, el Gobierno alude de forma descontextualizada a los impuestos verdes que ha prometido subir.
Así, desarrolla un apartado de «Medidas fiscales que contribuyen a la transición ecológica», entre las que menciona los impuestos a residuos y plásticos y la modificación del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero. Los dos primeros estaban comprometidos para este junio pero en la tramitación parlamentaria se han retrasado hasta 2023.
A continuación, alude a «reformas en materia de movilidad sostenible como crear un pago por uso de la red viaria de carreteras», es decir, el establecimiento de un peaje en autovías que se había comprometido que estuviera preparado en 2023 y en vigor en 2024 y que últimamente se ligaba al consenso de los operadores.
El pago por uso de la red viaria de carreteras era una de las medidas estrella del pacto con Bruselas para recibir los fondos europeos. «Esta ley deberá adoptarse, a más tardar, a finales de 2023 e introducirse a partir de 2024», señala por escrito la comisaria de Transportes, Adina Vălean. Una medida está alineada con los planes de descarbonización de la economía. Porque el pacto tiene como objetivo «internalizar» los costes externos del transporte por carretera, para seguir el lema que tanto defiende en los últimos años: «Quien contamina, paga».
Una manera de financiar el mantenimiento de las autovías de manera directa y sin depender de los Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno ya inició la transformación de la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (SEITT) para gestionar estos nuevos caudales públicos. Semanas antes de iniciarse la guerra en Ucrania, el proyecto se había enfriado y ahora se vuelve a lanzar un mensaje de atemporalidad para una propuesta que sí o sí debe salir en 2024.
Subida fiscal a diésel y gasolina
También menciona el texto las figuras tributarias que gravan la matriculación y la utilización de vehículos (circulación), cuando el Plan de Recuperación plantea una revisión al alza de sendos impuestos para este junio que no se ha acometido. Este año sólo ha entrado en vigor el incremento del de matriculación que estaba en vigor desde enero de 2021 y que una enmienda de la Ley de Lucha contra el Fraude paralizó desde julio.
Por último, el Gobierno hace mención a su compromiso más polémico, una subida del Impuesto de Hidrocarburos, tanto de la gasolina, como de la fiscalidad del diésel para equipararla a la gasolina, «para la equiparación progresiva de los tipos impositivos en atención a su poder contaminante». Todo esto se enumera de forma descontextualizada, pero se asegura que con ello «se ha dado cumplimiento al hito 389».
El Programa de Estabilidad también plantea la necesidad de ajustar los beneficios fiscales, unas de las promesas del Plan de Recuperación cuyo primer hito se cumplía el 31 de marzo y que se ha aparcado.
Este escenario se produce cuando el comité de expertos que designó Hacienda para que el asesore en la reforma fiscal entregó su informe el 3 de marzo después de 11 meses de trabajos, y cuando acaba de empezar la guerra en Ucrania. Justo antes de que lo presentaran, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avisó de que nada de lo que recomiendan se iba a hacer en el corto y medio plazo.
