Las empresas de inserción son agentes activos para la integración de personas con especiales dificultades de acceso al mercado laboral y en Castilla-La Mancha cumplen una función vertebradora, integral y esencial para la población situación desfavorable, por lo que en los últimos años su regulación ha sufrido algunas modificaciones.
Actualmente, tiene la consideración de empresa de inserción aquella sociedad mercantil o sociedad cooperativa legalmente constituida que, debidamente calificada por los organismos autonómicos competentes en la materia, realice cualquier actividad económica de producción de bienes y servicios, cuyo objeto social tenga como fin la integración y la formación socio-laboral de personas en situación de exclusión social como tránsito al empleo ordinario.
El Gobierno castellanomanchego aprobó en 2010 un decreto en el que se dictaban las normas de desarrollo para la calificación de este tipo de empresas y para crear su registro administrativo. Pero actualmente, el Ejecutivo va a modificar este decreto para eliminar la necesidad de que tengan que presentar proyecto de viabilidad para ser calificadas como tales.
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El motivo es que, con carácter previo a la solicitud de calificación como empresa de inserción y a la inscripción en el Registro Administrativo de Empresas de Inserción de Castilla-La Mancha, la sociedad mercantil o cooperativa deberá encontrarse inscrita como tal en el Registro Mercantil o en el Registro de Sociedades Cooperativas de Castilla-La Mancha. Por tanto, ya cuenta con este plan de viabilidad. Con ello, la Junta quiere evitar la aportación de documentación que no sea estrictamente necesaria en el procedimiento regulado de calificación y registro.
Destino de excedentes
Además, la modificación de este decreto también servirá para adecuarla al mandato de la Ley que determina que las empresas de inserción han de aplicar al menos el 80% de los resultados o excedentes disponibles obtenidos, en cada ejercicio, a la mejora o ampliación de sus infraestructuras productivas y de inserción.
Se da la circunstancia de que el pasado mes de marzo también se modificó la normativa de abril de 2019 que regula el aprovechamiento de los excedentes alimentarios en la región para incluir a las empresas de inserción y valorar el aprovechamiento de los excedentes alimentarios como “fuente de generación de empleo a colectivos desfavorecidos a través de acciones de economía circular”. En este contexto, los objetivos que persigue la modificación de ese decreto incluyen también la valoración del aprovechamiento de los excedentes alimentarios como fuente de generación de empleo a colectivos desfavorecidos a través de acciones de economía circular.
Hace poco más de un año, la ciudad de Toledo, como Capital Europea de la Economía Social, acogió un acto conmemorativo de las empresas de inserción. En Castilla-La Mancha son ocho las que se agrupan en torno a la Asociación regional de Empresas de Inserción (ASEIRCAM) y las que están sobreviviendo a la crisis sociosanitaria, demostrando la “resiliencia” de la economía social.
