El Partido Popular planta cara a Pedro Sánchez ante su plan de eliminar Muface y el resto de las mutuas para los funcionarios con lo que enviará a 2 millones de funcionarios de la sanidad privada a la pública. La formación de Pablo Casado lanza una batería de iniciativas en el Congreso para confirmar que el Gobierno piensa suprimir el modelo actual de asistencia sanitaria para los trabajadores públicos.
El Grupo Parlamentario del PP ha preguntado esta semana expresamente al Gobierno si piensa suprimir el modelo del Mutualismo administrativo prestador de asistencia sanitaria para los funcionarios. Concretamente, los diputados del PP que firman la iniciativa destacan que el Ministerio de Sanidad ha puesto recientemente en su punto de mira a las mutualidades administrativas MUFACE, MUGEJU e ISFAS, con vistas a abordar su supresión. Así consta en un documento sobre el que están trabajando denominado el Plan de Acción para la Transformación del Sistema Nacional de Salud en la era post-COVID.
Por este motivo, “y ante la disparidad y contradicción de planes e intenciones de los Ministerios de Sanidad y del de Política Territorial y Función Pública relativos al futuro del Mutualismo Administrativo prestador de asistencia sanitaria”, los portavoces adjuntos del PP Mario Garcés y Carlos Rojas, la portavoz de Función Pública, María Llanos de Luna, y los diputados Beatriz Fanjul, Beatriz Jiménez, Carmen Navarro Lacoba, Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu y Luis Santamaría realizan varias preguntas al Ejecutivo socialcomunista.
En primer lugar cuestionan si «el Gobierno va a suprimir las distintas Mutualidades, MUFACE, MUGEJU e ISFAS». En segundo lugar, se interesan sobre si el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias considera que «la contradicción entre dos ministerios (el de Sanidad y el de Política Territorial y Función Pública) respecto a los planes de futuro del Mutualismo administrativo contribuye a dar seguridad jurídica a los funcionarios y a sus familiares beneficiarios de la asistencia sanitaria». Por último, insisten e interrogan al equipo de Gobierno sobre si «existe coordinación entre las políticas del Ministerio de Sanidad y de Política Territorial y Función Pública en lo relativo al Mutualismo Administrativo».
Riesgo de colapso
Como un medio digital nacional en abril, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han puesto en su punto de mira a las tres mutuas de los empleados públicos. La más conocida de estas entidades es Muface, la joya de los funcionarios. El Gobierno de PSOE y Podemos quiere controlarlas y cortar el pago que destina cada mes para que los empleados públicos puedan disfrutar de una sanidad privada. No obstante, Gobierno no es consciente de un pequeño problema del que sí se ha percatado el sindicato CSIF: al retirar esos servicios sanitarios, dos millones de funcionarios pasarán al sistema de sanidad pública. El colapso está servido.
El Gobierno socialcomunista pretende asestar un nuevo hachazo tanto a la Sanidad privada, como a la industria farmacéutica con la excusa de reforzar el sistema sanitario público. Los «expertos» del Ministerio de Sanidad apuestan por recortar al máximo la factura en medicamentos, integrar a los funcionarios en la Sanidad pública e incluso amputar cualquier influencia de los laboratorios en la formación del personal sanitario. Y ese plan incluye, la integración de las tres mutuas de los empleados públicos en el sistema general de salud pública. Las tres entidades son Muface (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado), Isfas (Instituto Social de las Fuerzas Armadas) y Mugeju (Mutualidad General Judicial).
El «documento dinámico» de título Plan de Acción para la Transformación del Sistema Nacional de Salud en la era Post-Covid 19 señala que la crisis del coronavirus «ha evidenciado que nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS) presenta ciertas debilidades que es necesario atender con premura si quiere aspirar a seguir siendo una referencia para todos ciudadanos y profesionales».
El documento apunta que su objetivo es aprovechar «la ventana de oportunidad transformadora que supone» la crisis provocada por la aparición del coronavirus. Pero la ventana se abre para intentar asestar otro golpe de gracia a Muface, la Sanidad privada y, por supuesto, a la industria farmacéutica.
Carta a Illa
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha dirigido también ya una carta al ministro de Sanidad, Salvador Illa, para que informe sobre sus planes sobre el sistema de mutualismo administrativo y en todo caso “garantice su mantenimiento y la actual cobertura sanitaria del colectivo de funcionarios”.
“CSIF se hace eco de la inquietud que ha generado un documento en el que trabaja el Ministerio de Sanidad donde se anuncia la intención de abordar la financiación de las mutuas”, recogen. Y el mismo sindicato señala también que “la medida supondría la retirada de la financiación del Estado destinada a una asistencia sanitaria a la que se acogen dos millones de funcionarios”. Traducido: que esos “dos millones de usarlos de servicios médicos pasarían a entrar en el sistema público de salud”. Toda una garantía de colapso en plena era del coronavirus.
CSIF recuerda que “el sistema de mutualismo administrativo ha convivido con el Sistema Nacional de Salud desde su nacimiento con el fin de dar cobertura a un régimen de la Seguridad Social al colectivo de funcionarios (que hasta la transición democrática se encontraban desprotegidos). El sistema de mutualismo administrativo, pese a su déficit de financiación, reduce además la presión asistencial en el sistema público y garantiza la viabilidad del Sistema Nacional de Salud”.
Traspaso a la Seguridad Social
El pasado 22 de abril, el Gobierno ya aprovechó un real decreto de medidas laborales y fiscales supuestamente destinado a paliar los efectos de la crisis por el Covid-19, para traspasar la gestión de las mutuas a la Seguridad Social, tal y como adelantó OKDIARIO. De ese modo, modificó de manera unilateral la gestión de las pensiones de los funcionarios, sin debate parlamentario previo y sin haber consultado a las organizaciones sindicales mayoritarias en este colectivo.
En este sentido, la gestión de las pensiones de clases pasivas, en su totalidad, ha pasado a estar a cargo del Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Estado transferirá a la Seguridad Social los fondos necesarios para la financiación de estas pensiones de clases pasivas.
Por este motivo, CSIF “también se ha dirigido al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que a día de hoy sigue sin garantizar el mantenimiento de las condiciones actuales del sistema de clases pasivas”.