El próximo curso televisivo se puede presentar muy complicado para la presentadora Ana Rosa Quintana de confirmarse una condena de cárcel a su marido Juan Muñoz en el caso Villarejo, tal y como acaba de pedir la Fiscalía Anticorrupción. Son muchos los profesionales que apuntan que de producirse este hecho, la presentadora y reina de las mañanas televisivas acabaría destrozada y hundida, y tendría muy difícil justificar y hablar de este asunto en pantalla.
Y es que la Fiscalía Anticorrupción pide ocho años de cárcel para el empresario Juan Muñoz, marido de la presentadora, por haber contratado él y su hermano (para el que solicita la misma pena) al excomisario José Villarejo para obtener información reservada para presionar a un exsocio por una deuda.
La acusación por estos hechos, en el marco de la pieza 6 o Pintor del caso Tándem, se dirige contra 14 personas, entre las que figuran Villarejo, su hijo, y su socio Rafael Redondo, ya procesados en otras dos piezas de esta causa, Iron y Land, y para los que Anticorrupción reclama 14 años de cárcel para cada uno por estos hechos.
Según el escrito de calificación de la Fiscalía al que ha tenido acceso Efe, entre los años 2016 y 2017, los hermanos Muñoz, y sus abogados (también acusados en esta pieza), «llevaron a cabo una pluralidad de acciones tendentes a conseguir que Mateo Martín Navarro y su letrado Javier de Urquía Peña modificaran su estrategia procesal» en un asunto pendiente de juicio por un delito contra la Hacienda Pública, «con el fin de que la familia Muñoz resultara beneficiada».
Los hermanos habían conseguido su propósito de que Martín Navarro se atribuyera toda la responsabilidad frente a Fernando Muñoz y su padre, investigados en dicha causa, hasta que asumió su defensa el juez inhabilitado Javier de Urquía, quien le recomendó que solo asumiera su parte.
A partir de ese momento, relata la Fiscalía, Juan y Fernando Muñoz junto a sus abogados contrataron a Villarejo «para que les proporcionara información sensible» sobre Urquía y para ello el excomisario contó con «varios de los miembros del entramado empresarial».
Con ese objetivo, pusieron en marcha el proyecto Thew, por el que los hermanos Muñoz pagaron 20.000 euros, y de este modo Villarejo facilitó un vídeo de Urquía consumiendo cocaína y que fue grabado en Marbella en 2006 por encargo del traficante de armas Monzer Al Kassar para presionarle en un procedimiento que le afectaba.
El vídeo le fue facilitado a Fernando Muñoz por su abogado Ricardo Álvarez-Ossorio y éste quedó a la espera de que los hermanos «decidieran el momento de ser utilizado» contra Urquía para conseguir que él y su cliente cambiaran «su postura procesal en su propio prejuicio y en favor de aquellos».
En el marco de ese mismo proyecto, expone Anticorrupción, se obtuvieron también datos personales y reservados de Mateo Martín Navarro y de Urquía, del que también obtuvieron imágenes en los baños de un establecimiento consumiendo cocaína.
Pese a recabar toda esa información, los hermanos Muñoz no llegaron a hacer uso de ella y, según destaca la Fiscalía, el pasado 12 de junio cada uno consignó 5.000 euros para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias derivadas de estos hechos.
Además, su abogado Ricardo Álvarez-Ossorio «ha venido colaborando a lo largo de la instrucción en aras al esclarecimiento de los hechos», facilitando la obtención de documentos, y ha consignado también 5.000 euros para afrontar las responsabilidades que recaigan.
Por ello, la Fiscalía entiende que es aplicable a los hermanos Muñoz la atenuante de reparación del daño, que también concurriría en el abogado, al que se le añadiría además la atenuante analógica de colaboración.
Los abogados de los hermanos Muñoz, Ricardo Álvarez-Ossorio y José Luis García González, deberán enfrentarse a una petición de la fiscalía de 11meses de cárcel y 6 años y 1 mes, respectivamente.
La Fiscalía pide además que los 14 acusados en esta pieza indemnicen de forma conjunta a Mateo Martín 20.000 euros y a Urquía con 200.000.