el 25% de las asignaturas se impartan en castellano en los colegios catalanes ha puesto en un brete el Gobierno.
El Govern ya ha dicho que no la va a cumplir, y ha pedido por carta a todos los centros educativos de la comunidad que no acaten la sentencia.
El Ministerio de Educación ha renunciado, de momento, a instar a la ejecución de la sentencia, dejando esta tarea en manos de los jueces, quienes aseguran que corresponde al Ejecutivo hacer cumplir la resolución.
La Generalitat, además, pide ayuda al Gobierno, mientras la oposición, con el PP a la cabeza, ofrece su apoyo a Moncloa para aplicar un 155 de en el ámbito educativo.
Consecuencias de la desobediencia
En este contexto, y mientras el Ejecutivo sigue sin pronunciarse, es más que probable que el Gobierno catalán incumpla la resolución judicial. Si este escenario se acaba cumpliendo tanto el consejero de Educación de la Generalitat como los directores de los centros en los que no se acate el fallo podrían ser inhabilitados.
Esta mañana, la responsable de Educación, Pilar Alegría, ha señalado que la sentencia del Tribunal Supremo sobre la inmersión lingüística es de «obligado cumplimiento». «Sea la Generalitat o cualquier ciudadano, estamos obligados a cumplir una sentencia firme».
«Frente a una sentencia firme no cabe debate», ha apuntado la ministra en los pasillos del Congreso al ser preguntada por la resolución del Supremo.
Por su parte, el líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha apuntado que «no cree» que dar una materia más en castellano ponga en «riesgo» el modelo de escuela catalana y el uso del catalán como lengua vehicular, algo que su partido defiende.