‘Derecho a morir dignamente’, ha asegurado este martes a Antena 3 Noticias que la «administración pública no está preparada» para llevar a cabo este tipo de gestiones, pese a la entrada en vigor de Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE).
Emilia, según ‘DMD’, «cumplía todos los requisitos y su situación era desesperada, pero ni su médica ni los responsables del centro de salud quisieron tramitar siquiera su solicitud», denuncian.
La anciana, que arrastraba una luxación de cadera congénita, que con los años había ido sumándose a un grave deterioro de sus condiciones físicas sin posibilidad alguna de mejora, optó por tirarse desde la ventana de su piso, ubicado en el barrio zaragozano de Las Fuentes.
Te puede interesar: Voto por correo el 29-N: estas son las fechas clave
Dolores constantes
«Permanecía postrada en la cama, encerrada en un piso sin ascensor y atendida por su familia, pero con dolores constantes», explica José Antonio Rovira, miembro de la junta directiva de ‘Derecho a morir dignamente’ y el primero en atender a la mujer cuando ésta les contactó por primera vez para buscar ayuda.
Emilia era socia de ‘DMD’, pero su solicitud de eutanasia no fue monitorizada por la asociación. «Ella y su familia creían que, una vez aprobada y puesta en marcha la LORE, el derecho les sería reconocido sin impedimento de acuerdo con los requisitos establecidos», apuntan.
Llamada de socorro frustrada
Sin embargo, la administración pública jamás llegó a tramitar la petición, presentada a primeros de julio. «Su médica de familia, primero, y luego otros responsables del centro de salud obviaron los procedimientos exigibles y se negaron a recogerla, ¡e incluso a tocarla!, frustrando de hecho la llamada de socorro de Emilia», lamentan desde la asociación.
«Lo que ha fallado en este caso ha sido la propia puerta de entrada a la posibilidad de lograr la eutanasia. La solicitud no pasó formalmente al registro, ni cuando se presentó la primera ni cuando, quince días después, se produjo la preceptiva ratificación».
Desde ‘DMD’ aseguran que el silencio administrativo fue, en realidad, «consecuencia de una inhibición total por parte de los profesionales concernidos».
