5,4 millones de euros presentados por la Generalitat a favor de una treintena de ex altos cargos del Govern por haber promocionado con dinero público el «procés» en el extranjero.
El pasado 21 de septiembre, la Abogacía General del Estado decidió no presentar ningún informe sobre la validez de esos avales presentados por la Generalitat a través del Instituto Catalán de Finanzas.
La instructora explica que ha acordado no admitir los avales «al no amparar las conductas dolosas» o marcadas por actos «realizados con negligencia o culpa grave». Dos requisitos que necesariamente, argumenta, deben concurrir para declarar la presunta responsabilidad contable y que, de manera indiciaria, el delegado instructor «debe apreciar para poder declarar la existencia de una presunta responsabilidad contable y dar lugar a una liquidación provisional positiva».
Para la Generalitat
Para la Generalitat, «no hay motivo objetivo para pensar que no se puede aceptar» este aval e instó al Tribunal de Cuentas a «dejar de hacer política y atienda a criterios estrictamente jurídicos».
Las fuerzas independentistas presionaban al Tribunal de Cuentas para que aceptara los avales del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para cubrir la fianza de 5,4 millones de euros a los ex altos cargos de la Generalitat encausados, aunque el Govern estaba trabajando en «alternativas».
El decreto que aprobó el Govern para crear un fondo para hacer frente a esta fianza contemplaba que, en caso de no encontrar ningún banco que acepte participar en la operación, sea el ICF quien ofrezca este aval, como finalmente se hizo.