los policías de la ‘patada en la puerta’ los encargados de acudir a disolver dicha celebración. Ese acto, el de derribar la puerta, les costará finalmente enfrentarse a un juicio al considerarse que hay «indicios sólidos» de un delito de allanamiento de morada.
La policía acudió a dicho domicilio y, después de mantener una serie de conversaciones con los inquilinos que se negaron a abrir en caso de que no llevasen un mandamiento judicial, los agentes tiraron la puerta con un ariete.
En su momento, los agentes justificaron que esta actuación estaba amparada por la ya avalada Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como Ley Mordaza. El acto generó una enorme polémica tras difundirse los vídeos del suceso a través de la redes sociales y, ahora, el juez de Instrucción número 28 de Madrid ha concluido la investigación abierta contra los agentes. Ha iniciado los trámites para que un jurado popular de la Audiencia Provincial de Madrid les juzgue.
Los policías justifican su intervención por desobediencia
Los agentes, que pasaron ante el juez la semana pasada, han defendido que dicha actuación estuvo motivada porque el morador de la vivienda se negó a identificarse, lo que sería un delito continuado de desobediencia a la autoridad. De esta forma, entienden, que derribar la puerta de la vivienda estaba dentro de lo legal.
Al respecto de esta explicación, la acusación apunta que, aún en el caso en que hubiese ocurrido dicha versión, tampoco se justificaría tirar la puerta abajo porque no se trataba de una situación «ni de urgencia ni de necesidad», condiciones que deben regir para entender que hay una situación «flagrante» que merece dicha intervención policial.
A juicio por allanamiento y exceso en el ejercicio de autoridad
En un auto fechado el pasado 19 de septiembre al que ha tenido acceso Europa Press, el juez a cargo del caso, Jaime Serrat, convoca a los investigados el próximo 8 de octubre para que sean juzgados por diligencias y posible abuso de poder.
Tras la denuncia interpuesta por los inquilinos de este piso, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó al juez investigar a los agentes al considerar que se produjo «un exceso en el ejercicio de la autoridad, con infracción del derecho a la inviolabilidad del domicilio».