Los primeros pasos del ingreso mínimo vital no están siendo ajenos a las habituales disfunciones, de carácter operativo, que surgen alrededor de la aprobación de una nueva prestación de este calado a nivel nacional. La pasada semana, la vicepresidencia y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, reconocía en público que se habían producido pagos duplicados del ingreso mínimo vital en la región y aseguró que se seguirían produciendo ante la falta de definición de la colaboración entre la administración central y el órgano autonómico. Ahora bien, el Gobierno reconoce estas duplicaciones en el pago, pero advierte de que se reclamará el reembolso de todos ellos, «por su puesto».
La clave de este problema generado en la Comunidad Valenciana está en el proceso de concesión de las ayudas y, más bien, en el trámite de comunicación entre la administración central y el órgano de servicios sociales de la Generalitat. Fuentes de Moncloa aseguran que el protocolo está claro: por un lado, las comunidades autónomas tienen sus ficheros históricos de beneficiarios de los programas de rentas mínimas regionales, y por otro lado, la Seguridad Social va generando los listados con los nuevos perceptores del ingreso mínimo vital que certifica a través de las solicitudes que se gestionan de manera telemática en la web del ministerio o en los centros del INSS. En este momento, la Seguridad Social traslada a las comunidades autónomas los listados con las personas que se han convertido en beneficiarios del ingreso mínimo y son estas las que realizan el cotejo con los beneficiarios de rentas mínimas en la región y así ajustar los pagos a los que debe acceder por la parte autonómica.
Con todo ello, lo que si advierten con rotundidad las fuentes consultadas por elEconomista es que estos pagos serán revisados. «Es sencillo», aseguran explicando que a través de un cruce de listados se puede saber donde han recaídos estos pagos duplicados y confirman que serán reclamados. Eso sí, la última decisión sería de la comunidad autónoma, ya que el ingreso mínimo vital abonado por el Estado se ha concebido como un complemento de renta compatible con otras ayudas autonómicas. En base a ello, si el beneficiario percibe las dos rentas mínimas (estatal y autonómica) pero el Gobierno de la Generalitat decide mantener ese ingreso como un complemento para la prestación central, no existirían tales reclamaciones.
Según publica el ABC, la falta de colaboración del Ministerio de Inclusión con la Generalitat ha provocado que familias valencianas hayan cobrado por duplicado la primera paga del ingreso mínimo vital y la renta valenciana de inclusión. Aquí, la Seguridad Social abonó el pasado 26 de junio la primera paga a 9.271 familias. Esas cuestiones de colaboración, no en vano, serán reguladas de forma estable a través de los convenios que el Gobierno firmará con las comunidades a partir de 2021.
Controles periódicos
De igual manera, el Gobierno recordó este lunes a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá que la administración llevará a cabo todos los controles para evitar este tipo de disfuncionalidades y el fraude en el cobro de la prestación.