ONG en defensa de los derechos de la infancia y de los Derechos Humanos han remitido este martes una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, donde reclaman que se suspendan «de manera inmediata» las repatriaciones «sin garantías» de menores marroquíes que se vienen produciendo en Ceuta desde el pasado viernes 13 de agosto.
En la misiva, se apoyan en los pronunciamientos del Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los migrantes, el Defensor del Pueblo y la Fiscalía para afirmar que «se está contraviniendo el ordenamiento jurídico, nacional, europeo e internacional».
Las organizaciones remarcan que se han producido «dos pronunciamientos muy relevantes» que ponen en evidencia «la ilegalidad de estas actuaciones», en alusión a la paralización cautelar de la repatriación de 9 menores dictada este pasado lunes por un juzgado de Ceuta ya que «ni se ha incoado expediente administrativo, ni se ha dictado resolución alguna en relación a la repatriación de los menores».
Apuntan, además, que el Comité de los Derechos del Niño ha solicitado como medida provisional la paralización de la expulsión de 10 niños, aunque 4 de ellos ya habían sido expulsados.
Caso por caso
Esta treintena de ONG ponen el foco en la obligatoriedad para las autoridades de evaluar la situación de cada niño migrante que llegue para tomar una decisión acorde con su interés, necesidades y bienestar. Según la normativa, remarcan, esta solución puede pasar por «la integración en el país de acogida, el reasentamiento en un tercer país o el retorno al país de origen», ya fuera a su familia o al sistema de protección concreto de su Estado. Eso sí, «esta decisión tiene que estar motivada, justificada y explicada caso por caso», enfatizan.
En el caso de optar por la última de las opciones, la de devolver al menor al país de origen, las organizaciones subrayan que «no debe existir un riesgo razonable de que el retorno se traduzca en una violación de sus derechos fundamentales», tales como sufrir violencia, explotación o la falta de servicios alimentarios o sanitarios. «No debe existir una amenaza para su bienestar físico y emocional y las autoridades del país de origen deben garantizar su integridad y seguridad», recuerdan.
Por último, los firmantes denuncian que este derecho «está siendo sistemática y gravemente vulnerado» por España a las decenas de niños marroquíes ya repatriados y por ello, piden al presidente del Gobierno que «no haga retroceder las líneas rojas que tanto ha costado anclar». «Estas expulsiones atacan a los pilares de nuestra sociedad: los Derechos Humanos», concluyen.