La diputada Begoña Martín denuncia que la convocatoria llega tarde, con un presupuesto de 500.000 euros frente a los 1,5 millones comprometidos en 2023.
Retraso y reducción presupuestaria
El Grupo Socialista en la Diputación de Ciudad Real ha mostrado su preocupación por el retraso y la reducción en la convocatoria de ayudas a las agrupaciones de Protección Civil. Según denuncian, la dotación prevista será de 500.000 euros, frente a los 1,5 millones comprometidos en 2023.
La diputada provincial Begoña Martín ha señalado que la situación “no solo afecta a estos meses de verano, sino que compromete el funcionamiento de las agrupaciones durante todo el año”, ya que muchas dependen de estas ayudas para la renovación de vehículos y la compra de material técnico.
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43 agrupaciones afectadas
En la provincia operan 43 agrupaciones de Protección Civil, que colaboran de forma habitual con los ayuntamientos en emergencias, eventos deportivos, dispositivos de tráfico y campañas de prevención.
Para Martín, “recortarles un millón de euros es dejarles sin medios para poder organizarse y trabajar con eficacia”.
Dos años sin convocatoria
La diputada ha recordado que, tras dos años sin convocarse estas ayudas, el actual gobierno provincial formado por PP y Vox ha anunciado que saldrán en 2025, pero “no solo llegan tarde, sino que además lo hacen con un presupuesto reducido a un tercio del compromiso inicial”.
“Estas agrupaciones trabajan todo el año y esperaban esta convocatoria para poder mantener su actividad con garantía”, ha insistido.
Petición de recuperar el compromiso inicial
El Grupo Socialista reclama que la convocatoria se publique con la dotación inicial comprometida, de 1,5 millones de euros, al considerar que “no se trata de un gasto cualquiera, sino de apoyar a quienes, de forma voluntaria, están siempre disponibles para garantizar la seguridad de los municipios”.
Martín ha concluido que la Diputación “debe estar al lado de estas agrupaciones y no reducir los recursos que necesitan para desempeñar su labor”, subrayando que “la seguridad y el bienestar requieren planificación, medios y respaldo institucional, y con 500.000 euros para todas ellas, no se llega”.
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