La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas está elaborando una nueva orden para facilitar el aplazamiento y fraccionamiento de las deudas tributarias, con el objetivo de continuar inyectando liquidez en la región, fundamentalmente entre las empresas.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, así lo ha anunciado durante su intervención en la Comisión de Asuntos Generales de las Cortes regionales, en la que hoy ha dado cuenta de la gestión realizada por esta Consejería durante la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus.
Esta nueva orden se sumará a la que el pasado mes de marzo aprobó el Gobierno de Castilla-La Mancha para aplazar el pago de todos los tributos gestionados por la Junta y que ha permitido que en los dos meses que se prolonga ya el estado de alarma se hayan inyectado 73,6 millones de euros en la economía regional, beneficiando a más de 69.500 sujetos pasivos, entre familias y empresas.
Durante el transcurso de su intervención, Ruiz Molina también ha querido lanzar un mensaje tranquilidad y certidumbre a los opositores de la región, al afirmar que el Gobierno de Emiliano García-Page mantiene su compromiso con el empleo público. En este sentido, ha resaltado que se aprobarán ofertas de empleo público cada año, para llegar a la previsión de 6.000 plazas a lo largo de la legislatura.
“No va a ocurrir como en otras épocas en las que la crisis fue la excusa para frenar el empleo público, nosotros seguiremos como hasta ahora e, incluso si es posible, lo potenciaremos”, ha enfatizado Ruiz Molina.
Garantizar la atención de las urgencias y emergencias
Antes de explicar la gestión llevada a cabo por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, que ha detallado en cuatro grandes bloques, Ruiz Molina ha lanzado un mensaje de recuerdo a las víctimas y sus familiares, de ánimo a las personas que actualmente están travesando este virus y de enorme agradecimiento a todos los profesionales sanitarios.
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha comenzado por el bloque de las emergencias, un área en la que el objetivo fundamental ha sido que, a pesar del importante incremento de llamadas que el 1-1-2 registró durante el mes de marzo, la atención de las urgencias no se viera afectada.
Con este afán, entre otras medidas, se habilitó la línea de información sobre el coronavirus 900 122 112; se dispuso el centro de respaldo del 1-1-2 para ubicar a los operadores de los teléfonos habilitados por sanidad para esta crisis; se configuró para los cuerpos de Policía Local y otros servicios de emergencia una línea especial para que contaran con un acceso alternativo en caso de bloqueo de las líneas de entrada; se triplicó la capacidad para recibir llamadas entrantes, una mejora que se mantendrá de forma permanente y se incrementó un 20 por ciento el número de operadores.
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