El nuevo servicio para emergencias sociales que desde ayer funciona en Compostela a través de la Cruz Roja y la colaboración de la Diputación Provincial, el denominado Semus, además de atender en el momento cualquier contingencia que requiera una solución inmediata, también prestará una atención especial a las personas que carecen de un domicilio donde refugiarse.
Se trata de una situación que ya es considerablemente preocupante en circunstancias normales, que pueden llegar a adquirir un carácter muy grave en el caso de condiciones climatológicas adversas. O de circunstancias como la pandemia, que durante el período de confinamiento obligó a buscar un cobijo a estas personas, en este caso, en el albergue del Seminario Menor, ante la prohibición de permanecer en la calle.
Prohibición que sigue actualmente vigente, aunque limitada a las horas en las que está fijado el toque de queda, y que los afectados por este problema tampoco pueden cumplir.
También se pusieron en marcha campañas especiales con ocasión de olas de frío o temporales, para facilitar su acogida en las instituciones existentes, como el albergue de Xoán XXIII o en otros locales habilitados. Para ello, el Departamento de Políticas Sociais, como explicaba ayer la concejala Mila Castro, dispone de personal especializado, y todas las semanas se realizan dos rondas para conocer la situación de estas personas, facilitarles los productos de primera necesidad y atender las demandas urgentes, lo que permite conocer su número, actualmente en torno a una decena, y saber a quién atender en caso de que se registren fenómenos meteorológicos adversos.
El nuevo Servicio Municipal de Urgencias Sociales, que estará en funcionamiento en las horas en las que permanece cerrada la atención al público en los Servicios Sociales, permitirá incrementar este número de inspecciones de dos a tres semanales, y hacer un seguimiento más directo de la problemática, tanto a la hora de atender las necesidades más perentorias, como de informar de las posibilidades que existen para conseguir integrarse en la sociedad.
De hecho, según se explicó en su presentación, se establecerá un protocolo para el resguardo bajo cubierto de esas personas cuando se den una serie de circunstancias, como que el termómetro descienda de cuatro grados, se anuncie un temporal o la presencia de lluvias fuertes, o incluso vientos a una velocidad superior a los 80 kilómetros por hora que pueda provocar desperfectos. También se activará, por supuesto, cuando se registren temperaturas excesivamente elevadas y pueda haber riesgo de golpes de calor.
En ese momento, en el que se alguna de esas circunstancias, y conociendo el censo y las zonas por donde suelen estar estas personas, se procederá a su alojamiento en espacios adecuados hasta que la situación pueda volver a normalizarse.
Se trata de una problemática muy compleja, porque muchas de estas personas rechazan la posibilidad de ingresar en una institución, y prefieren no depender de horarios, a pesar de los numerosos inconvenientes de vivir en la calle o, en algunos casos, en viviendas en ruinas o abandonadas, aunque no reúnan condiciones de habitabilidad y apenas ofrezcan refugio.
En algunos casos se trata de ciudadanos que han perdido su empleo y no disponen de familiares o amigos que les puedan ayudar, pero en otros muchos de personas desarraigadas o con algún tipo de adición, cuya integración resulta difícil a pesar de las ofertas de apoyo que reciben a través de la intervención de los servicios municipales. Por ello, además del apoyo material y humano, se han buscado también otras fórmulas, como la oferta de pisos tutelados, en los que tras el confinamiento se consiguió alojar a unas quince personas.
Aún así, el número de personas afectadas por este problema se ha incrementado de forma considerable a raíz de la pandemia. A las personas que ya se habían quedado sin domicilio se vinieron a sumar las que lo perdieron por haberse quedado sin trabajo y sin posibilidad de hacer frente a los coste de un alquiler.
Para otra de las situaciones, que es la de aquellos que literalmente han perdido su casa, por un incendio u otro tipo de accidente, el Semus también tiene previsto un sistema de emergencia para evitar que se queden directamente en la calle.
La crisis provocada por la COVID ha supuesto un considerable incremento de las demandas de atención, debido a que muchas personas han perdido su puesto de trabajo o han visto descender de forma drástica sus ingresos, al tiempo que han limitado también la capacidad de atención debido a las limitaciones de aforo, en el caso de los albergues, o la necesidad de solicitar cita previa en el caso de los servicios sociales de las administraciones públicas.