El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha comprometido hoy que todo el dinero que pueda rescatarse por el IVA de 2017 irá destinado a políticas para la recuperación económica y del empleo. Así lo ha asegurado tras conocer, y celebrar, la decisión del Tribunal Supremo que obliga al Estado a pagar a Castilla y León 182 millones por un mes del IVA no abonado en la liquidación correspondiente al año 2017, dando así la razón a la comunidad vecina en sus reclamaciones.
García-Page, que hoy ha firmado los convenios con los representantes de las cinco diputaciones provinciales para el Plan de Empleo, ha valorado que el dinero que se espera recuperar por este concepto “podría dedicarse a la deuda que heredamos, pero el esfuerzo que estamos reclamando a la gente de que se mueva, de que gaste, de que haga inversión y sostenga el empleo, lo tiene que predicar en primera persona la propia Administración», ha defendido.
Asimismo, el presidente castellanomanchego ha insistido en que cuando los acuerdos no son posibles, “pongo siempre a Castilla-La Mancha por delante de mi partido o de cualquier otra circunstancia”, motivo por el cual “en su momento recurrimos contra viento y marea unos fondos que hoy comienzan a tener salida”.
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En este sentido, ha augurado que “si hubiera decidido como presidente hacer con los recursos pendientes y sin pagar del IVA, mucho más de 100 millones de euros, lo mismo que hicieron antes que yo con el agua firmando un memorándum de la vergüenza, hoy no veríamos un euro”.
Sin embargo, se ha felicitado, “hoy vamos a ver luz en un conflicto que solo se puede traducir en empleo”, pues la deuda pendiente con la región en concepto de IVA no abonado -alrededor de 130 millones de euros- supera el gasto global afrontado hoy con los planes de empleo, cuantificado en 102 millones de euros.
Una forma de hacer política “con denominación de origen”
Para el presiente regional, esta decisión, sumada a acuerdos como los suscritos hoy con los presidentes de las diputaciones provinciales, ponen de manifiesto que Castilla-La Mancha “tiene marca propia y su forma de hacer política tiene denominación de origen”, pues “es muy difícil no llegar a acuerdos e intentamos evitar los conflictos”.
Por ello, ha contrapuesto la forma de hacer política en el actual panorama nacional, y la que se viene ejerciendo en la región desde 2015, pues aquí “hay cooperación entre las administraciones públicas”. Así, ha recordado cómo en la legislatura 2011-2015 “no solo cundió la hipocresía, sino que por cada funcionario que se despidió, se destrozaron 2,5 empleos privados”, ha lamentado.
