Los sindicatos CCOO y UGT han decidido iniciar movilizaciones a lo largo de todo el país, con concentraciones a nivel autonómico y provincial en Castilla-La Mancha, para «tratar de poner freno al intento de desguace» del modelo postal público por parte de la dirección de Correos.
Según han informado en un comunicado conjunto ambas organizaciones sindicales, que cuentan con 70 por ciento de la representación en Correos, estas movilizaciones comenzarán en abril y se prolongarán hasta el mes de junio.
Ambos sindicatos han sostenido que las políticas implementadas por la Dirección de Correos, la mayor empresa pública del país, tienen un objetivo claro y es «tratar de demostrar que la parte pública de la compañía no es rentable a través de estrategias tramposas como los trasvases de actividad de la matriz a la filial Correos Express o la externalización de ciertos servicios rentables para la compañía».
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En este sentido, han criticado que ha «cedido, regalado o malvendido» el patrimonio inmobiliario histórico de Correos -19 edificios en los dos últimos años y otros 88 en previsión de venta- para abocar a Correos a una previsión de pérdidas económicas de hasta 634 millones de euros en 2023.
Además, han indicado que mientras el resto de operadores europeos han demostrado un fuerte crecimiento económico debido a la situación de la pandemia de la covid-19 y al auge del comercio digital, en Correos se ha recortado empleo y se ha empeorado su calidad (36 % de temporalidad y 25 % de empleo a tiempo parcial en general, y un 75 % en la red de oficinas).
Asimismo, han añadido que se ha reducido la red postal pública mediante el cierre de centros de trabajo, oficinas y supresión de puestos de reparto rural, para aminorar así la capacidad vertebradora y cohesionadora de Correos a lo largo de todo el territorio.
CCOO y UGT han afirmado que «es escandaloso que mientras los directivos, de cara a la sociedad, se dedican de forma torticera a ensalzar la importancia de lo rural y de su colaboración con la España vaciada mediante campañas tan controvertidas como ‘#orgullodelonuestro’ o ‘#yomequedo’, al mismo tiempo acaban con miles de puestos de reparto rural».
Esto obliga a los trabajadores, han agregado, a tener que realizar kilómetros de reparto inasumibles, así como se vulnera el derecho de la ciudadanía a la recepción de correspondencia y se incumple con lo recogido en la Ley sobre la prestación de servicios postales.
Por otro ello, los sindicatos han advertido de que se está produciendo un cambio de modelo claro en la compañía pública, que deja a un lado y debilita «de forma drástica» el ámbito del servicio postal universal, para centrarse en un modelo logístico puro y «abrir las puertas a su futura privatización».
Además, han apuntado que la reducción de la financiación pública al operador así lo demuestra, ya que lejos de los 220 millones acordados, se han aprobado 110 millones menos en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 y casi 100 millones menos en el futuro Plan de prestación del servicio postal universal, por lo que han lamentado que «el Gobierno está avalando, con su callada por respuesta, el nuevo rumbo del operador público».
En este marco, CCOO y UGT exigirán en las movilizaciones previstas que el Ejecutivo, «de una vez por todas», defina cuál es su proyecto de servicio público postal y que resitúe al operador postal como eje fundamental del proyecto de recuperación, transformación y modernización del país.
