No es posible evitar que pandemias como las del COVID-19 y otros desastres se produzcan, pero sí estar mejor preparados para afrontar el caos que provocan. Este ha sido uno de los argumentos que se ha esgrimido en la concentración en defensa de la sanidad pública que se ha celebrado a las puertas del Hospital General Universitario de Ciudad Real, a la que ha asistido un centenar de personas.
Además de una vigorosa sanidad pública, acompañada de una
industria farmacéutica también pública, ante la incertidumbre que provoca la
posibilidad de acceder a una vacuna contra la COVID-19, una vez que se descubra,
se ha reivindicado, entre otros aspectos, la incompatibilidad profesional de
los ámbitos público y privado, acabar con los ciertos, la mejora de la gestión
de las residencias de mayores y poner el acento en la atención primaria, “muy
deteriorada” en los últimos años.
Lorenzo Flores, portavoz de la Coordinadora Antiprivatización
de la Sanidad (CAS) reflexionaba que durante estos tres meses de pandemia “hemos
aprendido que cuando un desastre natural sucede, como la aparición de un nuevo
virus, poco se puede hacer para evitarlo, pero sí estar mejor preparados para
afrontar el caos que provoca una pandemia”. Cuando nuestro sistema público
sanitario “saca dinero de la hucha para ponerlo en manos de empresas privadas y
no se esfuerza en llenarla para la prevención de la salud, la investigación y
reducir la precarización del personal sanitario – en Castilla-La Mancha el 28%
de los trabajadores son temporales y la mayoría en fraude de ley-, llegamos
menos preparados a una situación de pandemia”, añadía.
La CAS es un colectivo compuesto por trabajadores sanitarios, sindicatos y plataformas ciudadanas, constituido en 2004 a nivel nacional y en 2014 en Ciudad Real, que trabaja por la derogación de los elementos legislativos que permiten la privatización de la sanidad. En concreto, la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud y el artículo 90 de la Ley General de Sanidad, “que permiten que se privaticen algunos servicios y aspectos de la sanidad pública”, recalcaba el portavoz.
