La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo juzgará este miércoles, 24 de febrero, a J.F.B.A, acusado de un presunto delito de falsedad documental, en concurso con otro continuado de estafa, por cobrar a dos hermanas pagos falsos por valor de 4.710 euros por la venta de un inmueble propiedad de aquellas en Madrid y la compra de otro en esa misma ciudad, hechos por los que piden para él una pena de cuatro años y un día de prisión.
Según el escrito de acusación el acusado, con manifiesto ánimo patrimonial ilícito, entre los días 27 de febrero y el 15 de marzo de 2018, gestionó estas operaciones.
Una de las hermanas tiene una discapacidad física, sensorial y cognitiva del 65% y otra una discapacidad física, sensorial y cognitiva del 56%, circunstancias de las que se aprovechó el acusado para anunciarles que iban a recibir una carta del Ayuntamiento de Madrid, reclamándoles la cantidad de 3.105 euros en concepto de Plusvalía, alegando que había calculado un valor del suelo inferior al real. Tras recibir la supuesta carta, abonaron en efectivo al acusado esa cantidad para que efectuara el pago.
Días más tarde el acusado, manteniendo el engaño, volvió al domicilio de las denunciantes con una carta del Ministerio de Hacienda que supuestamente había llegado a la inmobiliaria, y donde se les requería para el pago de 1.605 euros en concepto del 9% de diferencia entre el precio de tasación el precio de escrituración, que las hermanas volvieron a abonar en efectivo a J.F.B.A., para que procediera a su pago.
Por último, y con manifiesta intención de seguir engañando a las denunciantes, según la Fiscalía, el acusado volvió para exigirles el pago de 4.700 euros por la diferencia del valor de la tasación, advirtiéndoles que si no accedían al pago conllevaría una multa de 28.000 euros y un recargo de 7.000 euros. Estas cantidades ya no fueron abonadas por las denunciantes al sospechar del acusado.
Posteriormente, ambas hermanas consultaron con un gestor todas las transacciones, y comprobaron que los documentos que el acusado les presentaba tenían apariencia de ser falsos, así como que en la factura emitida por la inmobiliaria se les había facturado el importe de 640 euros en concepto de recargo de factura por correo postal.
La Agencia Tributaria y el Área de Gobierno de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid remitieron informes declarando como fraudulentos los documentos presentados por el investigado a las hermanas y afirmando que no habían sido emitidos por dichos organismos, y los firmantes no eran funcionarios de tales instituciones públicas.
Fruto de este engaño, las perjudicadas antes mencionadas, llevaron a cabo unas entregas de dinero en efectivo al acusado, por importe de 3.105 euros y 1.605 euros, que no han sido recuperados y por los que reclaman.