Las Cortes de Castilla-La Mancha se han comprometido este jueves a afrontar de manera conjunta las consecuencias en el ámbito sanitario, social y económico, derivadas de la COVID-19, que puedan poner en cuestión la vida y los derechos de los niños y adolescentes de la región.
Este es uno de los compromisos adquiridos por los 33 diputados regionales con Unicef reflejados en una declaración institucional, aprobada por unanimidad por asentimiento en el pleno de este jueves en el Parlamento autonómico, que ha comenzado con un minuto de silencio por las víctimas del coronavirus.
Asimismo, con esta declaración, las Cortes regionales han solicitado al Gobierno de Castilla-La Mancha que se identifiquen los principales riesgos que esta crisis supone para la infancia y adolescencia y sus familias, así como las oportunidades de acción de las diferentes instituciones implicadas en el apoyo a la infancia y sus familias durante la crisis provocada por el coronavirus.
De igual forma, han instado al Ejecutivo autonómico a realizar un “adecuado seguimiento” del impacto de las políticas y medidas desarrolladas, y a garantizar durante la crisis sanitaria y social el derecho a la información y a la participación en la toma de decisiones, a través de los órganos de infancia y adolescencia establecidos en cada administración competente, y su protección.
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Además, el Parlamento regional ha expresado la conveniencia de avanzar en la solidaridad y la cooperación internacional para el desarrollo, en cuanto a la protección de los derechos de los niños, adolescentes y sus familias, y priorizar los países con mayor impacto de la COVID-19.
En la declaración, fruto de la comisión de seguimiento del Pacto por la Infancia de Castilla-La Mancha con Unicef y leída en la sesión plenaria por el secretario de la Mesa de las Cortes, Ángel Tomás Godoy, el Parlamento ha señalado que la crisis ha provocado que los niños y adolescentes y sus familias “han visto cómo su vida ha cambiado radicalmente en apenas tres meses” por el confinamiento, el cierre de los centros educativos, el empeoramiento de las condiciones de vida o el estrés.
Por ello, han considerado que, para amparar a los niños, es “imprescindible”, ahora más que nunca, apoyar a las familias con hijos y no solo a las que estén en situación de pobreza y exclusión social, sino también las que se hayan visto afectadas por la COVID-19 con un Expediente de Regulación de Empleo (ERTE), a las que estén al paro o a las que hayan visto menguados sus ingresos.
De igual forma, las Cortes de Castilla-La Mancha y los diputados han manifestado que “hace falta que la infancia tenga un lugar preferente en la agenda política del Gobierno” de manera que promueva “políticas específicas” para los niños y adolescentes en el contexto de la crisis, con “actuaciones inmediatas” pero también en el medio y largo plazo.
