El órdago de la Justicia germana amenaza la red del euro y la legalidad jurídica de la UE, pese a que el BCE intensifica la compra de deuda
Imagine que un juzgado de primera instancia eche un pulso al Supremo. Que no solo ignore su primacía como máxima autoridad judicial del país sino que incluso falle en sentido contrario sobre un mismo asunto. Pues ésa es la fotografía básica de lo que ha sucedido entre el Tribunal Constitucional alemán y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), integrado también por magistrados de ese país. El primero emitió el pasado 5 de mayo una sentencia que cuestiona la proporcionalidad de las compras masivas de deuda del Banco Central Europeo (BCE), dando tres meses para que se justifiquen. Y ello contraviene un dictamen del segundo, de 2018, que respalda esas operaciones.
La Corte alemana, con sede en Karlsruhe, coloca así una bomba de relojería cuya deflagración amenaza con colapsar el sistema del euro y la propia legalidad jurídica de la Unión. Los matices del embrollo son los siguientes: lo que se cuestiona específicamente son los programas de adquisiciones de activos de 2015 auspiciados por Mario Draghi; y los jueces alemanes piden la rendición de cuentas al Bundesbank, al Gobierno de Berlín y al parlamento federal, sobre los que tiene competencia directa.
Pero la onda expansiva es de gran alcance. Porque el dedo se levanta desde Alemania, viga maestra de la Unión; coloca a Angela Merkel en una encrucijada (la de responder directa o indirectamente y sin mermar esa primacía del TJUE. «Se puede solucionar», ha dicho); llega en el contexto de una crisis pandémica con un impacto en la economía inédito desde 1929. Y genera una sacudida incierta sobre el programa más ambicioso de compra (750.000 millones) que el BCE tiene en marcha para salvar el voluminoso endeudamiento público sin que los mercados arrastren a la quiebra a los Estados.
El TJUE, algo poco habitual en él, lanzó un comunicado defendiendo ser «el único competente para declarar que un acto de una institución de la Unión es contrario al Derecho de la Unión». El BCE no se deja intimidar, amparándose precisamente en ese predominio. Es más, en la última semana ha realizado compras por valor de 45.000 millones. El lío deja abiertas varias cuestiones: ¿Hay que responder a ese ultimátum de tres meses? Y si es así, ¿quién debería hacerlo, el BCE o el Bundesbank? Y, ¿cómo?
Desde Karlsruhe se le dice al principal emisor del euro que «no se considere el Rey del Universo. Solo pedimos que asuma su responsabilidad y justifique», en palabras de Peter Huber, uno de los jueces del Constitucional. Y mientras Bruselas, garante de los Tratados, exhibe firmeza: insiste en la superioridad del derecho europeo sobre el nacional y en la competencia exclusiva en política monetaria.
Posible litigio
Su presidenta, la alemana Ursula von der Leyen, ha ido incluso más allá. Mientras se analiza al detalle la sentencia amenaza con abrir «procedimientos de infracción» contra su propio país. Aunque de llegarse a ese extremo, Berlín tendría fácil, al menos, su primera respuesta: el Gobierno no es el que ha decidido y no puede actuar sobre la independencia judicial. En consecuencia, lo previsible sería un litigio Curia de Luxemburgo-Constitucional alemán cargado de reproches: que si tú violaste el derecho europeo, que si tú has rebasado tus competencias… Un enroque de años.
Y en estas aguas revueltas, ya han lanzado la caña Polonia y Hungría, países a los que el TJUE ha desautorizado sus políticas contra el Estado de Derecho. Karlsruhe ha abierto el melón al plantear que la alta instancia europea no tiene la última palabra. Y eso alienta la acción cesarista, de menos UE, de los gobiernos de Budapest y Varsovia. Así que el problemón, en ciernes. Y con Alemania en la presidencia rotatoria de la UE desde el 1 de julio.
