Los últimos datos cifran en 80 millones las indemnizaciones que la Agrupación de Entidades Aseguradoras de Seguros Agrarios Combinados (Agroseguro) abonará a los agricultores y ganaderos afectados por el temporal ‘Filomena’.
En una entrevista con Efe, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha precisado que los partes de siniestros corresponden, fundamentalmente, a explotaciones de Castilla-La Mancha, Canarias, Comunidad Valenciana y Cataluña, como las áreas más afectadas.
Además de los daños en las explotaciones agrarias y ganaderas, Planas ha señalado que también se han visto afectados los cultivos leñosos e instalaciones como los invernaderos.
La borrasca ‘Filomena’ afectó a España entre el 6 y 11 de enero y provocó nevadas copiosas y temporales de viento y lluvia.
Según Planas, los cultivos más afectados han sido los de la horticultura de invierno, como alcachofa, brocoli, lechuga, coliflor o acelga, «y a consecuencia de ello hemos apreciado un ligero repunte de los precios en oferta, por una cierta carestía temporal, derivada de estos daños».
Además, se produjeron heladas en zonas de producción de cítricos y en cultivos leñosos como el olivar, en los que se sumó el daño por la temperatura con el causado por el peso de la nieve, que provocó destrozos en los árboles.
En ese sentido, Planas ha remarcado que esta situación «está perfectamente cubierta por el seguro agrario», que a su juicio es «uno de los elementos más importantes de competitividad y modernidad del sistema agroalimentario español» y que «batió todos los récords en 2020».
Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el año pasado se incrementó en un 5 % el número de pólizas contratadas (hasta 416.000), con un capital asegurado que supera los 15.200 millones de euros.
Por ello, «habrá una respuesta eficaz ante unos daños que han sido lamentables», ha afirmado.
Respecto a los daños no cubiertos por los seguros agrarios, Planas ha recordado la aprobación hace dos semanas de la declaración de emergencia de protección civil para distintas comunidades autónomas.
«Nos plantemos dar cobertura a las situaciones que eventualmente no puedan ser cubiertas por el seguro agrario. Teniendo en cuenta que es indemnizable lo que no es asegurable», ha recordado el ministro.
JUSTICIA RETRIBUTIVA DE LA PAC
Por otra parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación ha defendido la justicia retributiva en las ayudas directas de la PAC y ha asegurado, ante las críticas al real decreto aprobado este martes por considerar que las medidas para lograrla son bruscas, que «lo brusco es el inmovilismo».
Durante la entrevista con Efeagro para analizar la situación actual del sector agroalimentario y sus desafíos de futuro, Planas ha insistido en que lograr la convergencia -que dos agricultores que hagan el mismo trabajo reciban la misma ayuda- es una cuestión de justicia, por lo que está de acuerdo con las indicaciones de la Comisión Europea (CE).
La CE recomendó en diciembre a España que «avanzara significativamente» en el proceso de convergencia interno, en la distribución de las ayudas directas hacia grupos homogéneos de territorios y en eliminar su vínculo con las referencias históricas.
«Que el 80 % de los fondos de la Política Agraria Común (PAC) lo perciba un 20 % de los titulares no me parece normal. Hay 680.000 perceptores en el conjunto de España y esta convergencia es necesaria desde el punto de vista redistributivo y de cara al funcionamiento y los retos del sector», ha afirmado el ministro.
Y también, según ha recordado, frente al reto de la incorporación de los jóvenes a la actividad agraria, pues a su juicio «la distribución actual de derechos de pago les penaliza claramente».
«Vamos a avanzar de forma progresiva y moderada en este proceso. Lo que hacemos es, en 2021 y 2022, avanzar dos pasos más en camino que se alargará hasta 2027. Lo brusco es el inmovilismo, es no hacer nada, ha subrayado.
Respecto a la reacción al real decreto, como la expresada por el gobierno andaluz o distintas voces del sector agrario, Planas ha considerado que hay un «consenso básico» con una autonomía «que se ha opuesto y prefiere un modelo de inmovilismo» y otras que «quieren convergencia ya».
La postura del Ministerio es la del justo medio aristotélico», según Planas, quien apuesta por «un proceso progresivo de reforma, que nos viene sugerido por Europa y que es necesario si queremos responder a los retos de esta década».
En este sentido, ha destacado que la norma aprobada ayer es «lo que prevé el reglamento de transición comunitario, acompañado por las recomendaciones de la Comisión. Y hemos hecho una lectura moderada de esas prescripciones europeas».
Según sus datos, en la Unión Europea (UE) hay 18 países que «ya tienen una convergencia plena en el cobro de sus derechos»; en Alemania es del cien por cien, con una región formada por los lander, y en Francia, al 90 %, con dos regiones (el área continental y Córcega).
Dichos países son los principales receptores de ayudas de la PAC junto con España, donde sin embargo la convergencia solo alcanza al 46 % de los agricultores y ganaderos.
De aquí a final de la década tenemos que completar el proceso, porque será la condición para que podamos continuar percibiendo los fondos de la PAC a partir de 2023″, ha resaltado, tras avanzar que habrá una conferencia sectorial extraordinaria en mayo con las autonomías para continuar un debate técnico y político que comenzó en febrero de 2019.
Los ejercicios 2021 y 2022 de la PAC se regirán por «las antiguas reglas ligeramente modificadas» y el presupuesto para el periodo 2021-2027. Y será en 2023 cuando la nueva programación entre plenamente en vigor», ha detallado.
Este año y el próximo, España contará con 7.200 millones de ayudas de la PAC (5.700 para pagos directos y 1.500 para el segundo pilar, incluyendo el fondo de recuperación Next Generation, que está incluido en esos dos años de ejecución.