Las dudas sobre si habrá o no un aplazamiento de las elecciones catalanas, por el momento fijadas el 14 de febrero, pueden alargarse hasta el día 8 de ese mes, menos de una semana antes y en plena campaña.
Y es que tras recibir el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) la mañana de este jueves las alegaciones de la Generalitat a los recursos interpuestos contra el aplazamiento, su respuesta ha sido que «resolverá el fondo de la demanda antes» de ese día.
Mientras tanto, mantendrá provisionalmente el 14-F, al no levantar la suspensión cautelar del decreto del Govern que fijó los comicios el 30 de mayo en previsión de una evolución de la Covid-19 desfavorable.
La campaña electoral, pues, empezará el próximo viernes 29 de enero, por lo que antes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, candidato socialista en los comicios, dimitirá de su cargo en el Ministerio, según ha asegurado este jueves el líder del PSC, Miquel Iceta.
El tribunal, como ya argumentó el martes al aceptar las medidas cautelarísimas que pedían dos de los seis recursos y suspender el decreto de la Generalitat, conserva el 14 de febrero como fecha con el objetivo de que haya tiempo para preparar la votación para entonces en el caso de que su resolución final lo haga necesario.
Este jueves el TSJC ha comunicado el fallo de su resolución, que es posterior a las alegaciones del Govern y la Fiscalía, esta última favorable a su criterio, pero el redactado se dará a conocer el viernes previsiblemente. También ha advertido de que los eventuales recursos que se presenten contra la misma no tendrán efectos suspensivos.
El tribunal acorta los plazos para entregar informes contra el decreto
El tribunal ha señalado, además, que ha decidido acortar los plazos previstos para la tramitación de las seis demandas contra el decreto –presentadas por un particular y varias formaciones políticas extraparlamentarias–. Por ello, ha dado a las partes cuatro días de plazo para entregar sus informes, en vez de los ocho que establece la ley, con el fin de poder dictar sentencia en las próximas semanas.
Tras la resolución del TSJC, el ejecutivo catalán le ha reprochado mantener una «incertidumbre que afecta de lleno a la campaña», en palabras de su vicepresidente con funciones de presidente, Pere Aragonès. Este, además, ha señalado que unas elecciones el 14 de febrero generarían «un perjuicio para la ciudadanía» en un nuevo intento de «condicionar la política».
También ha afirmado que serían una «irresponsabilidad», porque «muchos ciudadanos» se verían «obligados a elegir entre el derecho al voto y el derecho a la salud».
Por su parte, la portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha alertado de que la decisión del TSJC pone «en riesgo no solo la salud de los votantes, sino también el procedimiento electoral, al quedar alterados los procedimientos reglados».