Escándalo en Toledo: Juicio por Estafa en la Construcción de una Vivienda

audiencia provincial toledo
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Este miércoles, la Audiencia Provincial de Toledo abordará un caso de estafa inmobiliaria que involucra a los responsables de una promotora y una empresa constructora. Los acusados, identificados como J.P.F. y M.P.G., enfrentan cargos graves tras cobrar 75.127 euros a una pareja por una vivienda en Recas, Toledo, que nunca fue construida.

Detalles del Caso

En octubre de 2007, J.P.F., administrador único de una empresa de promoción, construcción y venta de edificaciones, firmó un contrato de compra-venta para construir una vivienda en Recas. Según el acuerdo, la casa debía estar terminada en un plazo máximo de tres meses a partir de diciembre de 2008, periodo durante el cual la pareja pagó 75.125 euros como adelanto.

Contrario a los términos del contrato, los documentos revelan que J.P.F. conspiró con M.P.G., quien dirigía una empresa constructora, para vender nuevamente la finca. Esta transacción se realizó el 13 de mayo de 2008, a pesar de saber que esto frustraría las expectativas de los compradores originales.

Acusaciones y Penalizaciones Sugeridas

El fiscal ha acusado a ambos procesados de estafa agravada y, alternativamente, de un delito de estafa impropia por la doble venta del inmueble. El ministerio público ha pedido que se imponga a cada uno de los acusados una pena de tres años y seis meses de prisión, además de una multa de 12 euros diarios durante diez meses.

Adicionalmente, el fiscal solicita que ambos acusados indemnicen conjuntamente a la pareja afectada con la suma de 75.127 euros, más los intereses según lo estipulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Impacto en la Comunidad y Próximos Pasos

Este caso ha resonado en la comunidad local, destacando la necesidad de mayores controles y transparencia en las transacciones inmobiliarias. La decisión de la Audiencia Provincial de Toledo será crucial para enviar un mensaje claro sobre las consecuencias de la malversación en el sector de la construcción. La comunidad espera que el juicio establezca un precedente para prevenir futuros casos de estafa en el sector inmobiliario.