La jueza Delia Rodrigo, encargada de la investigación sobre los contratos sospechosos de corrupción vinculados a Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y varios de sus allegados, ha decidido postergar las citaciones a declarar de las 14 personas formalmente investigadas. Esta decisión se sustenta en la necesidad de un análisis detallado de los documentos incautados durante la operación Brody, que implicó registros en la Federación y en una decena de domicilios el 20 de marzo.
La operación se complica con la espera del volcado de dispositivos móviles incautados, incluidos los de Rubiales, recogidos en República Dominicana antes de su vuelta a España el 3 de abril. A su llegada, fue detenido por la Guardia Civil en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, aunque fue liberado horas después.
El avance de la investigación se ve además dificultado por los desafíos propios del juzgado de Majadahonda, que atiende tanto a asuntos penales como civiles, limitando los días disponibles para dedicarse exclusivamente a esta causa.
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Acusaciones y Alcance
Rubiales enfrenta acusaciones serias que incluyen corrupción en los negocios, administración desleal, blanqueo de capitales, y pertenencia a organización criminal, en espera de que la jueza confirme y detalle estos delitos. Entre los investigados se encuentra el exjugador del FC Barcelona, Gerard Piqué, en relación con el contrato de la Supercopa de España celebrada en Arabia Saudí y gestionada por Kosmos Global Holding S.L., propiedad de Piqué.
La investigación, inicialmente enfocada en la Supercopa Files y dirigida por el fiscal anticorrupción José Miguel Alonso Carbajo, se ha expandido para abarcar las presuntas corruptelas de la red de confianza de Rubiales a lo largo de su gestión. Se investiga el desvío de fondos hacia entidades controladas por asociados de Rubiales y el cobro de comisiones ilícitas a través de contratos adjudicados.
Investigaciones en República Dominicana
Adicionalmente, las autoridades están explorando los negocios vinculados a esta trama en República Dominicana, en colaboración con las autoridades locales. Esta nueva línea de investigación podría ser uno de los motivos detrás del retraso en las declaraciones, ya que se indagan cuentas, sociedades y activos en el país caribeño asociados a los implicados.
