En 2023, Castilla-La Mancha se destacó entre las comunidades autónomas con una mayor incidencia de demandas de disolución matrimonial, registrando una tasa de 195,7 por cada 100.000 habitantes. Esta cifra se situó por encima de la media nacional, que fue de 192,1, según los datos revelados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Evolución de las Demandas de Disolución
A nivel nacional, las demandas de disolución matrimonial experimentaron una disminución del 3% en comparación con el año anterior, afectando tanto a divorcios como a separaciones y nulidades. En términos concretos, se contabilizaron 52.803 divorcios consensuados, marcando un descenso del 4,2%, y los divorcios no consensuados disminuyeron en un 0,5%. Las separaciones consensuadas se redujeron en un 8,2%, llegando a 2.369, mientras que las no consensuadas cayeron un 11,5%, hasta 1.039. Las nulidades también disminuyeron, pasando de 65 en 2022 a 50 en 2023.
Comparativa Regional
Las comunidades autónomas mostraron notables diferencias en sus tasas de disolución matrimonial:
- Canarias lideró el ranking con 247,3 demandas por cada 100.000 habitantes.
- Le siguieron la Comunidad Valenciana (223,1), Baleares (213,9), Murcia (204,3), Andalucía (198,9), Castilla-La Mancha (195,7) y Cataluña (194,9).
- En el extremo opuesto, el País Vasco presentó la tasa más baja, con 157,3 demandas por cada 100.000 habitantes.
Modificaciones de Medidas y Guarda y Custodia
Además de las disoluciones matrimoniales, en 2023 se presentaron 12.485 demandas de modificación de medidas consensuadas, un 1,6% menos que el año anterior. Las demandas de modificación de medidas no consensuadas también experimentaron una reducción del 2,2%.
Por otro lado, las demandas relativas a la guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales mostraron tendencias mixtas. Mientras las consensuadas registraron un ligero incremento del 0,9%, alcanzando las 22.273, las no consensuadas subieron un 3,1%, sumando 27.280.
El análisis del CGPJ sobre las demandas de disolución matrimonial en 2023 refleja una disminución generalizada en este tipo de procedimientos, aunque con variaciones significativas entre las diferentes comunidades autónomas. Estos datos proporcionan una visión detallada de la situación de las familias españolas y sus dinámicas legales, evidenciando tanto cambios socioculturales como las consecuencias de la situación económica y legal del país.