La Ley de Amnistía Avanza con Cambios Claves: Exclusión de Delitos Graves

congreso
congreso

Aprobación Inminente en la Comisión de Justicia

Este jueves se presenta un momento decisivo para la ley de amnistía en España, con su examen en la Comisión de Justicia del Congreso. Se anticipa la aprobación del dictamen de la norma, incorporando las modificaciones negociadas entre el PSOE, Junts y ERC. El acuerdo refleja un consenso sobre el alcance de la ley, que pretende amparar a todas las personas implicadas en el proceso independentista catalán, manteniéndose fiel a la Constitución y a los principios jurídicos europeos e internacionales.

Detalles del Acuerdo

Tras intensas negociaciones, las formaciones políticas implicadas anunciaron un pacto que enfatiza el compromiso de la ley con los estándares constitucionales y jurídicos. Aunque se había especulado sobre la inclusión de delitos de terrorismo en la amnistía, el texto definitivo excluye específicamente los delitos más graves en esta categoría, así como la tortura, la traición y acciones contra la independencia de España. Esta medida busca alinear la legislación con los mejores estándares europeos e internacionales, asegurando que la corrupción que conlleve enriquecimiento personal tampoco sea objeto de amnistía.

Reacciones y Contexto

La decisión del Supremo de abrir causa penal contra Carles Puigdemont, vinculándolo con Tsunami Democràtic por supuestos delitos de terrorismo, había tensionado las negociaciones. No obstante, el PSOE ha mostrado flexibilidad al aceptar cambios propuestos por sus socios, reforzando la ley con una enmienda transaccional que condensa las distintas propuestas mantenidas hasta el último momento.

Consenso Bajo Directrices Internacionales

Las partes han trabajado conjuntamente, considerando los informes de la Comisión de Venecia y adheriéndose a los principios del derecho constitucional, europeo e internacional. Este esfuerzo conjunto ha culminado en una enmienda transaccional única que fortalece la propuesta de ley, demostrando el compromiso de los implicados con una resolución equitativa y conforme a los valores democráticos.