Nos llama poderosamente la atención que una ley del calado de la de educación o LOMLOE o Ley Celaá se tramite durante un estado de alarma, estado que, sin duda no favorece el debate social y da la sensación de que hay tanta prisa en ponerla en funcionamiento como si de la vacuna contra la Covid-19 se tratara. Siendo un poco mal pensado puedo llegar a pensar que, por parte del Gobierno, se ha aprovechado esta situación de emergencia en que nos tiene sumida la pandemia para que no nos enteremos o no podamos oponernos a esta nueva ley de educación. La realidad, sin embargo, es que no hay o al menos yo no los encuentro motivos técnicos ni sociales que justifique la urgencia de tramitación con que se está llevando esta ley.
Lo que más me llama la atención es que, si de algo ha adolecido su tramitación parlamentaria, no se haya intentado un posible acuerdo entre las distintas fuerzas políticas o entre los distintos grupos sociales, ya fuese a través de reuniones entre los representantes, o negociando/aceptando enmiendas, si se exceptúan de estas las que provengan de los grupos políticos que sustentan al Gobierno.
Es curioso, también, que hayamos sido capaces de ponernos de acuerdo en elaborar una Constitución entre todos los grupos políticos, de llegar a los Pactos de la Moncloa en 1977 para atajar una emergencia político-económica, de formalizar los Pactos de Toledo y hacer que sigan funcionando desde 1995 hasta hoy y, sin embargo, no sea posible hacer algo parecido con la educación ¿Qué tiene de distinto la educación? ¿es que hay algún motivo oculto que lo ha impedido y que no ha hecho posible ningún pacto hasta ahora?¿Quién se empeña en boicotearlo y por qué? Son preguntas que todos nos hacemos o nos deberíamos hacer. Recuérdese, como ya dijimos en otro artículo anterior, que todas las leyes de educación que han estado vigentes en España en el período democrático han sido elaboradas y aprobadas por el PSOE si se exceptúa la LOMCE. Es más, en la subcomisión organizada en el Congreso hace unos años para intentar llegar a un Pacto educativo no se llegó a ningún acuerdo porque el PSOE se retiró de él con la excusa de que no se aseguraba el 5% del PIB en inversión educativa. ¿No son dos cuestiones diferentes la del pacto en el modelo educativo y su financiación? O es que acaso ¿solo valen las leyes de un bando y no una que sirva para todos?
La LOMLOE ha llegado al Parlamento sin consenso previo y sin el dictamen del Consejo de Estado. Da la impresión que el mayor interés y la urgencia de esta ley es contentar a sus socios (quitando el carácter vehicular del castellano, atacar a la enseñanza concertada, avanzar en el laicismo…) dejando para mejor ocasión la mejora del sistema educativo. Porque quede claro que esta ley no supone ningún avance ni modernización del sistema educativo. Prueba de ello es que las organizaciones profesionales y el sector empresarial la valoran muy poco. Sirva de ejemplo el caso de Edutech -organización multinacional formada por más de 70 entidades educativas y tecnológicas y centrada en desarrollar proyectos educativos a través de la tecnología cuyo objetivo es cambiar el mundo con la educación – que ha criticado esta ley por considerarla “un nuevo parche en el sistema de enseñanza”. En la misma línea cabe situar a las organizaciones sindicales mayoritarias entre los docentes que aseguran que no es la reforma global y profunda que necesita la Educación en España, sino una reforma parcial que no aborda los problemas educativos ni los de sus profesionales.
En lugar de pacto entre todos y para todos, con una ley de educación que mejore la calidad del sistema y garantice la mayor libertad educativa, asistimos a una ley impuesta por la actual mayoría parlamentaria, nucleada en torno a socialistas y podemitas y, con su ideología, obligar que todos los españoles a que pensásemos como ellos.
¿No sería mejor plantear una educación plural que favorezca y facilite la construcción de una sociedad plural, y, por consiguiente deviniese en una pluralidad política? En aquellas sociedades donde se impone una educación única, acaba existiendo una ideología única y un partido único. Por ello defendemos la libertad de educación como un principio básico para crear y mantener la democracia, además de como instrumento imprescindible para conseguir la igualdad de oportunidades de todos los españoles y eso, en lo referente a educación, consiste en que cualquiera pueda acceder a la escuela que quiera, sin que para ello sea obstáculo que tenga dinero o no. Esa es la obligación del Estado: garantizar ese derecho y no imponer ideologías.
Juan Antonio Callejas Cano
- Diputado nacional por Ciudad Real
- Grupo Parlamentario Popular
- Portavoz del Partido Popular en la provincia de Ciudad Real.
@jacallejascano
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