Fumata blanca en la negociación. PSOE y Unidas Podemos alcanzaron este miércoles un acuerdo por el que el Gobierno prohibirá mientras dure el estado de alarma (hasta el mes de mayo) desahuciar a familias vulnerables mientras no tengan una alternativa para ser realojadas, según confirmaron fuentes del Ejecutivo. Serán las comunidades autónomas las encargadas de buscar este nuevo alojamiento a quienes sufran un desahucio, mientras los servicios sociales de cada ayuntamiento serán los encargados de determinar cuándo una familia puede considerarse vulnerable.
La decisión llega después de días de una dura negociación que se precipitó por la enmienda que presentó Unidas Podemos junto a ERC y EH Bildu hace unos días y que sirvió de presión al Ejecutivo para prohibir los desalojos. Pese a que la enmienda pedía la prohibición de los desahucios hasta el año 2023, finalmente este veto se extenderá solo por seis meses, aunque es suficiente para garantizar que no habrá lanzamientos durante los meses más fríos del año.
A diferencia del decreto actualmente vigente, la prohibición de los desahucios beneficiará tanto a las familias que se hayan visto súbitamente empobrecidas por la crisis económica derivada de la Covid-19 como a aquellas que ya tuvieran problemas económicos previos. La condición de vulnerabilidad la concederán los servicios sociales a través de un informe vinculante, que los tribunales tendrán que solicitar obligatoriamente en el caso de que los afectados aleguen vulnerabilidad.
También estará prohibido durante los próximos meses desahuciar sin proporcionar una alternativa habitacional a las personas vulnerables que hayan okupado una vivienda propiedad de un «gran tenedor», es decir, un propietario con diez o más fincas vacías (fundamentalmente, empresas y bancos). En este tipo de casos, las comunidades tendrán un plazo máximo de tres meses para buscar una nueva vivienda para la familia vulnerable, y durante ese tiempo los afectados podrán seguir residiendo en el domicilio okupado.
Esta última medida no cubrirá a quienes okupen viviendas deshabitadas de pequeños propietarios, y tampoco a quienes residan irregularmente en un inmueble de una empresa o un banco sin tener una situación económica comprometida. Esa consideración la tendrán que hacer los servicios sociales.