El Juzgado de Instrucción número 1 de Córdoba ha abierto juicio oral contra cuatro altos funcionarios de la Diputación de Córdoba y su responsable política en 2008, a quienes imputa presuntos delitos de prevaricación administrativa en concurso ideal con tráfico de influencias y malversación por supuestas colocaciones a dedo en el Servicio de Arquitectura y Urbanismo (SAU). La Fiscalía solicita para dos de ellos y para la ex diputada provincial, totalmente retirada del mundo político, 12 años de inhabilitación al apreciar la atenuante de dilaciones indebidas, mientras que la acusación particular propone un conjunto de penas de cárcel que se elevan hasta los 35 años.
Los hechos se desencadenan en 2008, tras un concurso-oposición presidido por uno de los funcionarios procesados. Según señala el Ministerio Público en su informe provisional, el imputado «mantuvo discrepancias» en cuanto a la valoración con uno de los aspirantes, de manera que, «de manera arbitraria», habría llevado a cabo «una serie de maniobras» tendentes a excluirlo del proceso selectivo para ocupar dos vacantes.
El Ministerio Público subraya que el alto funcionario obró «con absoluta ausencia de fundamentación jurídica razonable» y «en manifiesta contradicción con el ordenamiento jurídico».
La primera de las vacantes en juego consistía en una plaza estructural de arquitecto técnico en la oficina de la sección Guadajoz del SAU, con sede en Baena. Así que el procesado, en su calidad de arquitecto jefe, «con la finalidad» de que el denunciante «no fuese designado interino, a sabiendas de que se trataba de una plaza estructural», contactó con el entonces jefe del Servicio de Recursos Humanos para que la cubriera mediante contratación en prácticas. Para ello, estimaba necesario presentar una oferta genérica en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
La plaza fue finalmente cubierta por una persona conocida por todos ellos que, incluso, llegó a empadronarse en Baena, según el relato provisional del Ministerio Público. El denunciante, por tanto, quedó fuera. La Fiscalía concluye que la contratación fue una «flagrante vulneración» de la normativa, que los procesados habrían infringido «de manera consciente, deliberada y arbitraria».
Tiempo después surgió otra oportunidad de plaza fija, en esta ocasión en la sede de Montilla. También con la presunta finalidad de dejar fuera al aspirante, a quien le habría correspondido la vacante, «deliberada e injustificadamente se demoró la cobertura». Y, cuando se hizo, fue otra la técnica designada. Ello fue posible, según el escrito del fiscal, a que los acusados «de manera consciente y deliberada y de forma arbitraria impidieron, a través de la maniobra consistente en retrasar su cobertura, que la misma se llevase a efecto mediante la bolsa de trabajo de la Diputación, que quedó sin integrantes» ya que el principal aspirante había sido contratado entre tanto para un puesto de escasa duración en Montoro.
El Ministerio Público concluye que los hechos constituyen un delito continuado de prevaricación administrativa, mientras que la acusación particular aprecia también indicios de tráfico de influencias y malversación. El juicio oral se celebrará en la Audiencia Provincial./Ángel Robles